Máximo Caturla, el exsecretario autonómico de Educación del gobierno de Francisco Camps y responsable de la saqueada empresa pública Ciegsa (dedicada a la construcción de colegios) ha sido citado a declarar como investigado por blanqueo y alzamiento de bienes por el titular de Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Taula. La imputación de Caturla y de su empresa Estilo Kiki SL se produce, tal como adelantó Las Provincias, tras la incorporación al sumario de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a un presunto alzamiento de bienes por parte del expolítico del Partido Popular. El informe aprecia “hechos indiciarios de la posible existencia de un delito de alzamiento punible, así como de blanqueo de capitales”, según la providencia del juez. Caturla ha sido citado a declarar el próximo 15 de octubre.
El expolítico del PP tuvo conocimiento, antes de las detenciones del caso Taula, de la existencia de un procedimiento judicial en su contra, entonces secreto, según el último informe de la UCO que analiza la “despatrimonialización” de sus bienes. El juez también imputa a la empresa familiar Estilo Kiki SL y solicita a la mercantil que designe abogado y procurador. Caturla, uno de los principales imputados en la pieza separada G que investiga la presunta corrupción en la empresa pública de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios, se desembarazó de parte de sus bienes, antes de ser detenido el 26 de enero del 2016, para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”, concluye la UCO. El expolítico del PP vendió una vivienda en Dénia, una nave industrial y seis de sus 18 vehículos.
Los agentes del instituto armado requisaron en el registro de su domicilio una serie de anotaciones manuscritas por Caturla con una suerte de hoja de ruta para defenderse ante la que se le venía encima que incluyen apuntes sobre la evolución de su patrimonio. El hombre de Camps en la empresa Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA) hizo una ampliación de capital en la empresa familiar Estilo Kiki SL y cedió su participación a sus tres hijos, aunque, tal como destaca la UCO en el informe, mantuvo “el usufructo de esas participaciones de forma vitalicia”. El investigado también cambió de número de teléfono móvil (lo que “la práctica policial evidencia como una de las acciones desarrolladas habitualmente por aquellas personas que se consideran objetivos de una intervención de sus comunicaciones”, según apunta la UCO).