La jueza del 'caso Azud' imputa a un financiador del PP y al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Nuevos personajes se suman a la trama del 'caso Azud'. La magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dictado un auto este viernes que desvela una nueva pieza separada (la número 7) en la que figuran como investigados el empresario Enrique Gimeno, financiador confeso del PP y también procesado en el 'caso Fabra II', el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Juan José Moragues Terrades, y el constructor Francisco Javier Luján, implicado en el 'caso Taula'. También figura en la lista de nuevos investigados Juan José Fernández González, exdirectivo de Acciona, y José María Marugán Gacimartín, exconsejero delegado de la firma pública Aguas del Júcar SA.

La séptima pieza separada afecta a la derivada del PSPV-PSOE en le 'caso Azud', a tenor de los investigados que completan la lista: el ex secretario de Finanzas del partido José María Cataluña, el letrado José Luis Vera, y los empresarios Jaime Febrer y Francisco Antonio Gigante Madrigal (responsable de una de las empresas pantalla para canalizar supuestos pagos a campañas electorales). La instructor investiga a los nueve imputados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación.

La pieza 7 fue declarada secreta mediante un auto del pasado 8 de agosto. “Como consecuencia de la investigación y a los fines de que no se perjudicara”, la magistrada prorrogó el secreto hasta este mes de diciembre. “En estos momentos”, según reza el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, “no hay razón alguna por la que deba continuar” bajo secreto.

La jueza ha citado a las defensas de los investigados los próximos 20 y 21 de diciembre. Los letrados deben acudir al juzgado equipados con un dispositivo de almacenamiento “con capacidad de al menos” 50 gigabytes. El tamaño del 'pen drive' recomendado por la magistrada indica, según fuentes jurídicas, que no se trata de una pieza demasiado amplia, a tenor del peso en términos digitales del conjunto del sumario del 'caso Azud'.

El propietario de la empresa Facsa, Enrique Gimeno, fue condenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Gürtel' por haber financiado al PP durante los años 2007 y 2008. Además, es uno de los empresarios procesados en el 'caso Fabra II' por los préstamos en la presunta despatrimonialización de la fortuna del expresidente de la Diputación de Castelló. En esa causa, por la que Gimeno se sentará en el banquillo de los acusados, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve meses de prisión como autor de un supuesto delito de cohecho.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado mes de octubre la sede de la empresa Facsa, dedicada a la gestión del agua en Castelló, y de Construcciones Luján. En un registro previo de la vivienda del extesorero del PSPV, que esta semana se acogió a su derecho a no declarar, la UCO halló documentación que revelaría, según los investigadores, presuntas comisiones del 6% vinculadas a una UTE formada por Acciona y Construcciones Luján en el marco del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006.

Ambas empresas fueron adjudicatarias, por 39,7 millones de euros, en un concurso de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente al frente del cual estaba en aquella época Cristina Narbona, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

La Guardia Civil sospecha que el concurso estaba amañado. En la documentación intervenida al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE figuran anotadas cantidades vinculadas a la “condición de adjudicación” y otras a “factura a recuperar en proyecto (teóricamente)”. Según la tesis de los investigadores del instituto armado, las dos firmas debían abonar 2,5 millones de euros en concepto de presuntas comisiones (algo más del 6% del importe de adjudicación).

La UCO también registró las sedes de Acciona tanto en Madrid como en Valencia en busca de documentación sobre la adjudicación. Acciona ya aparecía en el sumario del 'caso Azud' por el presunto pago de una comisión de 2,2 millones de euros al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín y al abogado Diego Elum vinculada a la gestión del saneamiento en Valencia.

Entre los nuevos investigados en la causa figura Juan José Fernández González, exdirectivo de Acciona en Valencia entre 2005 y 2012. El ingeniero presume en su currículum en LinkedIn de haber ayudado en esa época a “colocar a Acciona en el top 3 en la tabla de constructoras regionales, aumentando la facturación a 300 millones de euros”.

A la lista de nuevos imputados se suma también el ingeniero Juan José Moragues Terrades, catedrático del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universitat Politècnica de València y excandidato a rector de la institución académica. Moragues fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La jueza, según indica el auto, también ha imputado al funcionario José María Marugán Gacimartín, exconsejero delegado de la firma pública Aguas del Júcar SA y ex consejero de Bancaja.