Este miércoles estaba previsto el desahucio de un vecino de Alicante, de 73 años, un desolojo en el que finalmente han tenido que actuar agentes de la Policía Nacional para disolver una concentración en la que han participado unas cuarenta personas convocadas por el Sindicat Barri de Carolines. La intervención policial se ha saldado con siete heridos leves, uno de ellos el concejal de Esquerra Unida-Podem Manolo Copé, quien ha denunciado la utilización “brutal” de la violencia hacia los concentrados de los agentes del orden.
En declaraciones a elDiario.es, Copé aseguraba sentir “rabia, impotencia e indignación”, tanto por el desahucio en sí, como por la violencia “totalmente desproporcionada” utilizada y por la “indefensión que ello genera”. “La única víctima aquí es Alí, con se queda sin casa con 73 años”, se lamentaba el edil alicantino.
Tal y como relata el regidor de EU-Podem, desde las 8.30 horas había un grupo de personas concentradas en la puerta del domicilio de Alí: “Cuando han llegado los agentes, unos diez aproximadamente media hora después, nos hemos sentado en el suelo, con los brazos entrelazados para tratar de paralizar el desalojo. En ese momento nos han ido sacando uno a uno, de manera desproporcionada y con bastante violencia innecesaria, y han ejecutado el desahucio de esta persona de 73 años”.
Después de estos hechos, Copé se ha personado en la comisaría de Policía a presentar una denuncia en la que relata que la actuación policial, “dos agentes de uniforme me han levantado en volandas y me han sacado de allí de malas maneras”, le ha provocado una herida “inciso contusa” en la cabeza, tal y como se refleja en el parte médico que ha adjuntado a la denuncia.
No obstante, ha señalado, “como nos han tomado los datos, supongo que nos enviarán alguna multa para intentar amedrentarnos y que nos portemos bien”.
Los jueces “siguen permitiendo desahucios”
Copé considera “increíble” que los jueces continúen “permitiendo desahucios a pesar de la moratoria”. “En realidad no hay nada paralizado -sostiene Copé-. El real decreto deja al criterio de cada juzgado el permitir o no que la persona afectada pueda acogerse a la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2024, y desde finales del 2022, en los juzgados de Alicante, la mayoría de peticiones son rechazadas”.
“La situación de la vivienda en Alicante empieza a ser insostenible y parece que ni el gobierno local ni el autonómico están tomando medidas contundentes para que no haya personas vulnerables que se queden en la calle”, concluye.