La apuesta valenciana por las energías renovables: el objetivo del Consell es multiplicar por 16 la producción fotovoltáica y por 4 la eólica

El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables, una norma propuesta por las Consellerias de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo junto a la de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad.

El objetivo del texto normativo es “agilizar, armonizar y simplificar” la tramitación de estos proyectos de energías renovables “con la vista puesta en las aspiraciones de contar con 6.000 MW de producción fotovoltaica y 4.000 MW de eólica”.

Las cifras que maneja la Generalitat Valenciana señalan la necesidad de multiplicar por 16 y por 4 la actual producción de energía fotovoltaica y eólica, respectivamente, para poder alcanzar los objetivos europeos de 100% de energías renovables en 2050, así como los del borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático, que fija un 70% de energía eléctrica de origen renovable en 2030.

El texto normativo, el primero que plasma por escrito los requisitos tanto en suelos urbanizables como no urbanizables, se convierte en una “hoja de ruta clara” que, según la Generalitat, “elimina duplicidades en los trámites y dibuja un mapa para que cualquier promotor de una planta pueda conocer las ubicaciones idóneas dentro del territorio de la Comunitat, desde el punto de vista de territorial y medioambiental”.

Concretamente, en el caso de la energía eólica se suprimen los planes especiales como instrumento de desarrollo del plan eólico valenciano; se actualiza la normativa para concretar o eliminar conceptos que venían generando cierto grado de indeterminación y se permite el máximo potencial eólico aprovechable compatible con este plan.

En el de centrales fotovoltaicas, hasta 50 MW, se establecen las preferencias de emplazamiento que han de ser compatibles con los planes territoriales y urbanísticos que cumplan con las condiciones medioambientales, funcionales y territoriales.

Otras iniciativas que contempla el decreto son la obligatoriedad de instalar módulos fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios nuevos o que hayan cambiado su uso de más de 1.000 metros de superficie tanto públicos como privados y la puesta en marcha de una ventanilla única.

Las conselleries implicadas han explicado el potencial de este sector, que representa el 38% de las inversiones para la transición ecológica, para el empleo, el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos en materia de lucha contra el cambio climático.