Según denuncia del Sindicato Médico de Asistencia Pública (Simap), el modelo de gestión privada de la sanidad valenciana, el conocido como 'modelo Alzira', supuso un sobrecoste de 64,5 millones de euros a las arcas públicas en 2015 ya que el coste sanitario por habitante en las concesiones sanitarias es 61 euros más caro que en la pública, 1.102 euros según la Memoria de Gestión 2015 publicada por la Conselleria.
Con estos recursos, una cantidad que apuntan puede ser aún “muy superior” ya que no se han contabilizado la facturación intercentros, se podría haber contratado a 1.290 médicos a tiempo completo o construido un hospital comarcal de 300 camas cada año.
Estas son las conclusiones del estudio pormenorizado de Simap sobre el impacto que ha supuesto para el contribuyente el funcionamiento de los hospitales públicos con concesión administrativa, modelo de gestión privada de la sanidad pública que se implantó de forma progresiva en cinco de los 24 departamentos de salud.
En concreto, un habitante de la Ribera tuvo un sobrecoste de 170 euros, uno de Denia 67 euros, el de Manises 54 euros y el de Torrevieja 22 euros. La excepción estaría en el departamento del Vinalopó que resultó 9 euros menos que el coste medio por habitante de la Comunidad Valenciana.
En este modelo de concesión fija la Conselleria abona a la gestora privada un canon anual por habitante del departamento por la atención sanitaria, la cápita; “pero corren a cargo de la Administración gastos de difícil control como son la farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario, salud pública”, advierten desde el sindicato de médicos.
Además, matizan que en el análisis no se ha tenido en cuenta el capítulo de facturación intercentros por acto médico, “anotaciones contables consecuencia de la prestación de asistencia a pacientes de otros departamentos en el área de la concesión, y que se facturan a Conselleria directamente sin que se incluyan en la cápita”.
Coste “muy superior al calculado”
Al respecto, advierte de que dada “la política de las concesionarias de publicitar sus servicios y priorizar la atención de los pacientes de fuera de sus correspondientes áreas” y debido a que muchas concesiones estén situadas en lugares turísticos “el resultado en el coste para las arcas públicas que supone el modelo de concesión administrativa sea muy superior a lo calculado”.
Así mismo, se constata que el modelo de gestión pública directa de la sanidad es “más rentable” a las arcas públicas valencianas que la gestión privada del 'modelo Alzira' pese “al 'dogma de fe' que afirmaba hasta ahora que se ahorraba un 25-30% respecto a la gestión pública tradicional”, según se desprende del análisis de la Memoria de Gestión 2015 y de datos de Conselleria sobre gastos correspondientes a farmacia extrahospitalaria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia ambulatoria y transporte sanitario.
Así, cinco de los veinticuatro departamentos de salud tuvieron un coste en el año 2015 de 1.051 millones de euros detraído de un presupuesto de 5.500 millones de euros destinados a la totalidad de la sanidad valenciana ese año.
A juicio de Simap, la sanidad debe ser “recuperada” porque el 'modelo Alzira' es “más caro de mantener, no garantiza la inversión del 'beneficio empresarial'” y es “un modelo fracasado que se instauró por decisión exclusivamente política y asimismo se ha mantenido por connivencia política sin el control adecuado”.
Rescisión de las concesiones
Por ello, ha pedido a los partidos políticos del Botànic (PSPV y Compromís junto a Podemos) que “rescindan los contratos con las concesiones en defensa del interés general de la población, sin esperar a su finalización” ya que con casi dos años de gobierno “ya tiene conocimiento suficiente de la situación de las concesiones”.
En este sentido, apuntan que se han recibido “multitud de denuncias” por incumplimientos de los pliegos de condiciones. Además, señala que de confirmarse las actuaciones por las que se ha personado el Consell en un proceso penal contra Ribera Salud, accionista principal de la mayoría de las concesiones, significaría que el 'modelo Alzira' ha dado lugar “a un fraude a la Administración de dimensiones aún desconocidas” en el presunto cobro de comisiones ilegales de productos sanitarios investigado por la Udef y en proceso de diligencias previas abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.