La 'Ordenanza de convivencia' de Alicante que sanciona a los mendigos y a las prostitutas aprobada por PP, Ciudadanos y Vox ha recibido críticas desde dos extremos del espectro ideológico: el obispo de Alicante la critica en redes, mientras Unidas Podemos la ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El obispo José Ignacio Munilla lo ha hecho a través de las redes sociales asegurando que no tienen sentido las ordenanzas municipales que prohíben dormir en la calle. Pero para no dejar en solitario una crítica a una legislación de la derecha la ha acompañado con otra crítica a una legislación de izquierdas como la prohibición del acoso en las calles a las clínicas que practican abortos.
Para la crítica a la ordenanza el obispo Munilla ha recordado las 13 propuestas que realizó Cáritas al gobierno municipal de Alicante, al considerar que “algunos puntos del texto propuesto por el ayuntamiento se centran más en la imposición de sanciones como solución a la realidad de las personas sin hogar y las mujeres que ejercen la prostitución que en la búsqueda de soluciones a las situaciones de las personas”. La entidad de la Iglesia en sus prepuestas afirmaba que las presentaba “desde una visión de la no discriminación, protección e inclusión de todas las personas que viven en Alicante”, y que “tienen como fin último el reconocimiento de los derechos de todas las personas, derechos inherentes a las mismas con independencia de su situación personal”.
“Suspensión de derechos”
Esta misma semana Unidas Podemos también ha anunciado que lleva al TSJCV esta ordenanza ya que, según ha explicado el mismo portavoz municipal Xavi López, “no se trata solo de vulneración de derechos, sino directamente de una suspensión” de los mismos. Por ello explica que lo que pretenden es que, además de la retirada de la norma, el recurso contencioso-administrativo solicita la suspensión cautelar de, al menos, dos artículos de la normativa municipal. En concreto, el que prohíbe dormir en la vía pública y el que recoge sanciones para las mujeres que oferten los servicios sexuales en la calle.
Entiende López que esta legislación directamente “supone prohibir ser pobre” y carecer de techo donde dormir. Pero, además, “ataca directamente a las mujeres víctimas de la prostitución” cuando, recuerda, “el reclamar servicios sexuales ya está sancionado legalmente”.
Ante esta judicialización de la ordenanza el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que Unidas Podemos “está en su derecho” en acudir a los tribunales y ha añadido, al mismo tiempo que ha defendido que el objetivo claro de la ordenanza es “el pacífico disfrute de la vía pública por parte de las personas”.