Obrint Podem, la herramienta social de cambio para el pueblo valenciano
La primavera llegó, a la par, con el inicio de nuestra II Asamblea Ciudadana Valenciana. Arropadas por el calor solidario, nos preparamos para buscar el clima más idóneo que deben tener los espacios políticos, donde tendrán lugar los debates de ideas que no deben tener otra lógica que la búsqueda del consenso que vertebre el cambio social, que es nuestra idea base.
El análisis de la situación actual de la Comunidad Valenciana pasa por señalar directamente aquellos componentes de la trama valenciana. El bloque restaurador, liderado por el Partido Popular, ese mismo, de los casos: Gürtel, Fabra, Blasco, Taula y así un largo etcétera; dan rostros y nombres a la oligarquía anti-valenciana que ha llevado a cabo durante 20 años, el expolio de nuestras riquezas culturales y materiales, la degradación de la esfera pública a través de políticas neoliberales de saqueo y austeridad. Ahora le toca a Mariano Rajoy dar explicaciones en uno de sus llamados “casos aislados”, mientras tanto, varios de los grandes cargos del PP lo escucharán desde diferentes cárceles; una de ellas, con un nuevo inquilino, Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre. Sin olvidar el amparo de otros grupos políticos como Ciudadanos y el propio PSOE que hacen de columnas para que se siga sosteniendo el PP.
En contraposición a la trama corrupta se encuentra el bloque del cambio, en el que nuestro partido Podemos asume un papel central, pero no exclusivo, conformado también por esas mayorías sociales que llevan años luchando contra las medidas de privatización de los sectores estratégicos públicos, articulando movilizaciones ciudadanas anti-neoliberales de defensa de lo social. También, son parte aquellos partidos aliados que buscan contrarrestar el deterioro social, económico y político de los 20 años de gobierno del Partido Popular. Acabamos de ser testigos de una muestra más del trato injusto hacia la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado presentados para el ejercicio del 2017, donde nuestra comunidad recibe un 33% menos que en el 2016. Obrint Podem se posiciona contra estos presupuestos que atentan contra los derechos sociales de las valencianas y los valencianos. Esta es una gran oportunidad para ver dónde se sitúa el PSPV, si en servir al pueblo valenciano o servir los intereses de la trama que ha secuestrado el PSOE y maniobra para asfixiar económicamente a la Generalitat.
Es una idea prioritaria de nuestro documento político reforzar el protagonismo de los movimientos sociales para desarrollar estructuras ciudadanas de carácter constituyente que posibiliten a corto, medio y largo plazo, la implementación de políticas de profundización democrática radical. En la que la ciudadanía ejerza una función protagónica en la tarea de un proyecto político emancipador que integre el feminismo popular, anti-capitalista y solidario con todas las mujeres trabajadoras, sus familias y entornos afectivos en todo el mundo.
En la estrategia de poner en marcha una corresponsabilidad en los trabajos: ámbitos laborales y de cuidados, queremos impulsar dos cambios estructurales:
La reorganización de los tiempos de vida y trabajo para romper la brecha de género existente en los cuidados.
La atención y cuidado de la sostenibilidad ambiental abandonando sectores extractivos y depredadores de los recursos naturales y de los ecosistemas que sostiene la vida, por ello, las instituciones públicas deben convertirse en dinamizadoras de la economía valenciana, tanto en actividades públicas como privadas, que ofrezcan productos y servicios de alto valor añadido.
Revertir las privatizaciones llevadas a cabo por las políticas neoliberales de la trama valenciana es una de las tareas por las cuales estamos en las instituciones. Desde ellas debemos dar un golpe directo al modelo privatista que se implantó en el ámbito de la educación, no podemos hacer políticas improvisadas en un campo tan importante como es el de la educación para la transformación social, para el avance de las clases populares en la defensa de los derechos sociales. Tenemos que avanzar juntas en crear mecanismos de participación democrática, en descentralizar y corresponsabilizar a los agentes educativos en los procesos de toma de decisiones en los centros. Queremos una educación laica, feminista, intercultural, es decir, para todas y todos, es la hora de defender su carácter público y transformador.
A pesar de algunos cambios que se han producido con el gobierno actual, necesitamos profundizar en la desprivatización de los servicios sanitarios, cuyo punto de resistencia ha sido liderado por las sanitarias y sanitarios públicos, quienes son las primeras que entienden que la gestión pública es más eficiente y efectiva. Tenemos que llevar a cabo las medidas urgentes que requiere la atención de las personas en situación de dependencia y de sus familias, especialmente el de las mujeres, sobre las que recae mayormente el peso de los cuidados, acompañadas por un aumento de la partida presupuestaria para cubrir todas las prestaciones relacionadas con la dependencia.
El patrimonio cultural que atesora la Comunidad Valenciana debe ser protegido por las instituciones y los poderes públicos. Por su carácter político, geográfico, histórico, literario y social, el valenciano, supone un rasgo de identidad que debe ser abanderado con vehemencia desde las instituciones públicas, desde el partido constituyente que queremos. En nuestras escuelas e institutos, en los barrios, en las televisiones públicas, en los centros culturales y en nuestros círculos como espacios de politización y formación que son, se debe fomentar la defensa de nuestra riqueza cultural, la cultura nunca puede ser un privilegio.
La defensa de una organización que luche contra el antigitanismo, la islamofobia, el racismo y la xenofobia son líneas prioritarias para el Podem que queremos construir. Tenemos la tarea fundamental de reforzar los mecanismos institucionales existentes que se dedican a la lucha contra la discriminación racial/étnica y xenófoba y que el partido se convierta en un espacio seguro donde no se reproduzca ninguna actitud discriminatoria por razón de etnia/raza.
Ya formamos parte de la declaración de las Cortes Valencianas para instar al gobierno al cierre del CIE de Zapadores, lugar que nos avergüenza como defensoras de los derechos humanos. Hicimos fuerza para la devolución de la sanidad a las personas migrantes indocumentadas, condenamos las identificaciones de la policía por perfil étnico/racial, somos una región de acogida para refugiados, etc., medidas que sin duda marcan el camino, pero que siguen siendo insuficientes.
Nuestro planteamiento político se rige por estos puntos programáticos esbozados, y unos cuantos más que se quedan fuera por cuestión de espacio. Podem debe ser un partido constituyente, Podem debe ser una herramienta política al servicio del movimiento popular. Puesto que, tanto el PSPV, con el posicionamiento de Ximo Puig a favor de una de las caras que forman el bloque restaurador, Susana Díaz, así como el papel de Compromís, atrapado en la lógica institucional y en las vacilaciones de sus principales líderes, hace que Podem tenga la necesidad imperiosa de adquirir el papel principal, que no exclusivo, de vertebrar la profundización del cambio en nuestra comunidad. No es simplemente soñar…, si no tener un País Valencià con derechos sociales, un País Valencià de una economía de valor añadido con perspectiva de sostenibilidad medioambiental, de un País Valencià en el que se descentraliza el poder hacia lo local, de un País Valencià feminista, libre de racismo, xenofobia, libre de antigitanismo e islamofobia, un País Valencià con identidad propia en el que todas las personas tengan derechos, un País Valencià para las mayorías sociales.
Para lograr muchos de los objetivos que están presentes en este artículo se hace necesaria una actitud muy vigilante en el cumplimiento del contenido y los plazos acordados en el Pacto del Botánico. Siendo una de las claves, la implicación de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y la ciudadanía en general en la defensa de lo acordado e incluso llevando, por no permitirlo los límites de acción de las instituciones, los mecanismos democráticos para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía valenciana.
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