De la administración pública en la era de la IA

La digitalización de la Administración Pública y la aplicación de la inteligencia artificial pueden suponer una mejora en la eficiencia, la calidad y la transparencia de los servicios públicos, así como una mayor facilidad y comodidad para los ciudadanos a la hora de realizar sus trámites y gestiones. Sin embargo, también pueden surgir algunos problemas o dificultades que es necesario abordar y resolver.

El primero y más importante la brecha digital ya que no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso y conocimiento de las tecnologías digitales, lo que puede generar desigualdades y exclusión social. Es necesario garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos digitales, y que cuenten con la formación y el apoyo necesarios para utilizarlos de forma adecuada y segura.

Y esto implica poner hincapié en la ciberseguridad y la privacidad en los servicios públicos digitales que implican el manejo y el intercambio de grandes cantidades de datos personales y sensibles, lo que requiere una protección adecuada frente a posibles ataques, robos o fugas de información. Es necesario establecer medidas de seguridad y de control que garanticen el cumplimiento de la normativa de protección de datos, y que generen confianza y transparencia entre los ciudadanos y la Administración.

Y a esto le podemos sumar la ética y la responsabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones o realizar acciones que afecten a los derechos y los intereses de los ciudadanos, lo que plantea cuestiones éticas, jurídicas y sociales. Es necesario establecer unos principios y unos criterios que regulen el uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública, y que aseguren el respeto a los valores democráticos, la equidad, la no discriminación, la explicabilidad y la rendición de cuentas.

Y como no, la innovación y la colaboración para que la digitalización de la Administración Pública requiere de una transformación cultural y organizativa que fomente la innovación, la agilidad y la adaptación al cambio. Es necesario impulsar la colaboración entre los diferentes niveles y departamentos de la Administración, así como con otros actores del sector privado, académico y social, para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y ofrecer mejores soluciones a los problemas públicos.

Algunos países ya han avanzado en la adopción de la IA en la Administración Pública, y han obtenido resultados positivos en diversos ámbitos. Por ejemplo, el Reino Unido ha potenciado su sistema de control de tráfico con IA, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y reducir las infracciones al volante. La IA está ayudando a detectar infracciones que las otras tecnologías no logran ver, como el uso del móvil, el cinturón de seguridad o el carril bus.

Otro caso de éxito es el de la inversión del Reino Unido en IA para reducir los tiempos de tratamiento contra el cáncer. El Gobierno británico ha destinado 50 millones de libras (58,8 millones de euros) a cinco centros de excelencia en IA que se encargarán de analizar los datos de los pacientes y de diseñar tratamientos personalizados y más efectivos. Se espera que esta iniciativa beneficie a más de 40.000 pacientes al año y que contribuya a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos.

Según los datos la inversión en IA en España ha sido inferior a la del Reino Unido, tanto en términos absolutos como relativos. Por ejemplo, el Gobierno español anunció una inversión pública de 600 millones de euros para el periodo 2021-2023 para impulsar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), mientras que el Gobierno británico destinó más de 2.300 millones de libras (cerca de 2.700 millones de euros) en este sector desde 2014. Además, la inversión privada en IA en el Reino Unido fue de 4.650 millones de dólares (4.580 millones de euros) en 2021, muy superior a la de España, que se estima en unos 4.000 millones de euros entre 2021 y 2023, de los cuales 3.300 millones serían inducidos por la inversión pública.

En términos relativos, la inversión en IA en España supone aproximadamente un 0,05% del PIB nacional, mientras que en el Reino Unido representa alrededor del 0,1% del PIB. Asimismo, el Reino Unido se sitúa en la tercera posición mundial en inversión en IA, solo por detrás de Estados Unidos y China, mientras que España ocupa el puesto 13 en Europa y el 28 en el mundo, según el Índice de Preparación para la IA de 2020.

Estos datos muestran que el Reino Unido ha apostado más fuerte por la IA como una estrategia para impulsar la innovación y el crecimiento, y que ha obtenido casos de éxito en diferentes sectores, como la salud, la energía o el transporte. Sin embargo, España también tiene oportunidades para mejorar su posición y aprovechar las ventajas de esta tecnología, si se apuesta por una regulación adecuada, una formación de calidad y una colaboración entre los diferentes actores implicados en el desarrollo y la aplicación de la IA en el sector público y privado.

La IA es una tecnología que ofrece grandes oportunidades para mejorar los servicios públicos y la relación entre los ciudadanos y la Administración, pero que también requiere de una regulación y una gestión adecuadas para garantizar su uso ético, legal y socialmente responsable. El Reino Unido es un ejemplo de país que ha apostado por la IA como una estrategia para impulsar la innovación y el crecimiento, y que ha obtenido casos de éxito en diferentes sectores. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer y muchos retos por afrontar para aprovechar todo el potencial de la IA en la Administración Pública.