La ola reaccionaria contra los derechos lingüísticos

La confluencia del PP y Vox en las instituciones está haciendo que rompa una ola reaccionaria contra las políticas de igualdad, contra la memoria histórica, la diversidad de género, la cultura crítica, el combate de la violencia machista y los derechos de las minorías, también las lingüísticas. Coinciden en la Comunitat Valenciana y Balears los dirigentes del PP aupados por Vox en anunciar medidas en estos territorios contra “la marginación del español” debida supuestamente a la imposición de la lengua autóctona en la enseñanza; a un requisito lingüístico de acceso a la función pública que da la casualidad de que es idéntico al que el líder de ese partido, Alberto Nuñez Feijóo, implantó en Galicia, y a una supuesta “policía lingüística”, que es como denominan despectivamente a una oficina de derechos lingüísticos en la que los ciudadanos pueden presentar sus quejas cuando sufren algún episodio de discriminación.

No es nueva la animadversión de la derecha hacia las políticas de normalización del catalán, no solo en Catalunya, o quizás con más intensidad en los territorios donde se hablan variantes de esa lengua, sobre las que ha instigado históricamente virulentas campañas secesionistas (la transición valenciana estuvo marcada por un extremismo anticatalanista que nunca se ha disipado del todo). Sosteniendo una abusiva identificación de cualquier posición favorable a la defensa del valenciano/catalán como una expresión de sintonía con el independentismo y entrenados en boicotear en los juzgados con éxito casi siempre asegurado las iniciativas legislativas en esta materia de los gobiernos progresistas, el PP y Vox anuncian una defensa enfática de los derechos de los castellanohablantes, como si la realidad no fuese que, al menos en la Comunitat Valenciana y Balears, el efectivo cumplimiento de la cooficialidad legal de la lengua propia está todavía muy lejos de alcanzar un estándar aceptable.

Afortunadamente, no hablamos del iskonawa, una lengua amazónica que una voluntariosa iniciativa escolar busca salvar de la extinción en Perú, ni de alguna de las 3.000 lenguas (una cada dos semanas) que, según la Unesco, desaparecerán antes de fin de siglo de la faz de un planeta en el que se cuentan cerca de 7.000 idiomas. Hablamos de una lengua europea con varios millones de hablantes, una larga historia, una cultura densa y un apreciable número de usuarios alfabetizados desde que en la transición a la democracia, con el desarrollo del autogobierno, pudo volver a usarse en escuelas, institutos y universidades tras la larga noche de la dictadura franquista.

El Estatut d'Autonomia, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y la Llei d'Ùs i Ensenyament del Valencià regulan el estatus legal y el desarrollo educativo y social del valenciano como lengua oficial al lado del castellano, pero hoy por hoy resulta difícil, cuando no imposible, desenvolverse en la lengua de los valencianos en ámbitos como la empresa, los tribunales o los servicios técnicos, cuando no te encuentras con camareros, funcionarios, médicos o agentes del orden que te exigen “hablar en español”. Dicho de otra manera, la negativa a atenderte en una de las lenguas oficiales de tu país es todavía muy habitual. Aunque la Administración y las instituciones, el sistema educativo y universitario, algunos medios de comunicación (pocos), ciertas entidades bancarias, algunos supermercados y el mundo de la cultura, en general, hayan avanzado, la normalización de la lengua propia no deja de ser precaria. El último barómetro de la dirección general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana detectaba un ligero aumento del uso del valenciano en los ámbitos personal, profesional y público, pero entre usuarios, clientes y proveedores, donde ya era muy bajo, descendía todavía más.

Ante esta situación de facto, resulta intolerable que se argumente la existencia de una “marginación” del castellano, cuarta lengua del mundo en número de hablantes, porque en las escuelas se enseña la otra lengua del país junto al idioma oficial del Estado y el inglés, porque se destinan fondos a su promoción o porque puntúa su conocimiento, por ejemplo, en las oposiciones a la sanidad pública. El plurilingüismo es una condición de la convivencia en democracia que la derecha española se siente envalentonada a pisotear sin miramientos. Y es inaceptable la demagogia que pretende servir de excusa, desde unas instituciones obligadas por ley a “otorgar protección y respeto especiales a la recuperación del valenciano”, para una gestión disolvente de una cooficialidad ya de por sí asimétrica, y no precisamente en detrimento del castellano.