El patrimonio valenciano, otra vez olvidado

Respetar el patrimonio se está convirtiendo en una labor prioritaria y urgente. No es sólo un deber de la ciudadanía, porque las administraciones también están actuando de espaldas a las responsabilidades que exige la Ley del Patrimonio. Y para muestra, los últimos espectáculos vividos estas fallas. Nuestra ciudad nos ofrece un valor artístico único y, por lo tanto, la obligación de cualquier ayuntamiento obliga a proteger este legado y divulgarlo. Uno de los edificios más significativos como es la Lonja de la seda, declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ha sido testigo de lamentables episodios de agresión al entorno de su patrimonio que configura junto a la iglesia de los Santos Juanes, el Mercado Central y también la plaza de Brujas. Además, otros actos vandálicos han llenado de pintadas la fachada del Almudín hace tan solo unos días.

Desgraciadamente, algunas imágenes que pensábamos desterradas de nuestra ciudad, volvían a avergonzarnos. Tanto en las verbenas previas a las fallas como durante los días de la fiesta se ha demostrado que no había plan de prevención ni tampoco de protección de los edificios históricos. Como tampoco ninguna actuación coordinada entre diferentes servicios, comisiones falleras, asociaciones profesionales (comerciantes y vecinos) y también junto a la Dirección General de Patrimonio, que es el máximo responsable en esta materia. Es más, conocemos cómo fueron los propios falleros los encargados de velar por el patrimonio y en las primeras noches, donde no existía ningún vallado, hicieron turnos en el entorno de la Lonja para que la cosa no fuera a más.

Esta lamentable situación traslada una imagen de València que no queremos. Por esta razón, además de denunciarlo públicamente, también hemos hecho una serie de propuestas para que el año que viene no tengamos que lamentar más daños. Pocas ganas de trabajar y de cuidar la cultura hay, cuando hemos obtenido la negativa como respuesta del ayuntamiento de PPVox. Algunas de las ideas que hemos comunicado al gobierno de María José Catalá pasan por elaborar un plan de Prevención y Protección del Patrimonio, coordinado con los servicios de Fallas, Turismo, Policía y Limpieza, y que ese documento sea público para el conocimiento tanto de los residentes en València como para los turistas. Asimismo, para evitar estas negligencias, queremos que se cumplan las exigencias de la Convención del Patrimonio Mundial, instalando una zona de amortiguamiento alrededor de La Lonja que permita garantizar esas medidas de conservación y seguridad.

Por otra parte, estas carencias deben corregirse a través de una labor conjunta con todos los agentes implicados, y por eso hemos solicitado que se organice una Mesa de Trabajo con la participación de las Asociaciones de Comerciantes de Barrio Histórico, comisiones falleras cercanas a los edificios y entornos BIC, así como profesionales de Patrimonio y Restauración, junto a la Dirección General de Patrimonio Cultural para establecer unos protocolos y acciones conjuntas, al igual que ocurre en otras ciudades y comunidades autónomas españolas que sí cuentan con un programa.

Sin embargo, no podemos olvidar la importancia del conocimiento técnico en cuestiones patrimoniales y las legislaciones que salvaguardan nuestra cultura artística. Por esta razón, es importante retomar los cursos para formar a agentes de la Policía Local de València en la prevención de actos vandálicos y que puedan afectar a nuestro patrimonio, impulsados por el gobierno progresista de 2016. Y para completar la batería de medidas rechazadas por el Ayuntamiento de València, recordamos los proyectos educativos que impulsamos a través de la concejalía de Educación, como el programa “El patrimonio y su cuidado”, con el objetivo de transmitir a los escolares valencianos la importancia de valorar, cuidar, conocer y salvaguardar el patrimonio histórico. Todo esto no se ha considerado urgente, ni importante, ni hay alternativas o medidas que coloquen a València dentro del grupo de ciudades que destaquen por sus medidas de protección al Patrimonio. Un camino de abandono que lleva al gobierno de María José Catalá a vivir de espaldas a la cultura y a sus responsabilidades para conservarla.