El reto de abrir las aulas pese a la pandemia

Sin duda era muy necesario recuperar la actividad económica y retomar la vida laboral y social; incluso resulta importante tratar de mantener abiertos los bares y las discotecas. Pero es fundamental volver a abrir las aulas. La pandemia pone a prueba toda la capacidad de adaptación de la que somos capaces. Y desafía con un goteo persistente de brotes que amenaza con convertirse en una segunda ola la forma de organizarnos y de actuar para evitar el contagio y prevenir la circulación del SARS-coV-2. Pero en este verano del virus hay pocas cosas más imprescindibles que preparar bien el retorno a los centros educativos.

Apenas un escalón por debajo del derecho a la vida y a la salud, la educación no puede ser considerada un elemento emancipatorio menor que la libertad de expresión, que la libertad de movimiento, que el derecho al voto, al trabajo, a la alimentación o a la vivienda. El pacto internacional por los derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas reitera el término “accesible” al referirse a los diversos niveles educativos, también en relación con la enseñanza secundaria y la universidad, pero sobre todo al aludir a la educación primaria, que ha de ser además “obligatoria” y “gratuita”. 

Hacer “accesible” la educación pasa ineludiblemente por el acceso a la escuela. Hay que buscar la forma de que la distancia interpersonal que la COVID-19 impone no impida la educación presencial. Porque, a pesar de que la tecnología digital ha demostrado su utilidad para mantener mejor o peor las actividades lectivas, como ha resaltado la ministra Isabel Celaá, la educación presencial es “insustituible” para garantizar la igualdad y la equidad, “al compensar posibles diferencias de origen mediante la interacción profesor-alumno”.

Las administraciones autonómicas, que gestionan las competencias educativas, afrontan un reto descomunal en este inminente curso 2020-2021. Y no parece que todas se lo estén tomando con la diligencia que cabe esperar. La vuelta a las aulas en las condiciones de la pandemia exige una logística, una inversión y una determinación que no se acaban de ver en algunos gobiernos autonómicos, aparentemente entregados al fatalismo de lo que ha de venir. 

No basta con incorporar algunos efectivos nuevos a la plantilla de profesores. Ni con la redacción de normas más o menos útiles sobre el uso de mascarillas y la desinfección de los colegios y los institutos. Hay que poner toda la carne en el asador y bajar al detalle, aula por aula, centro por centro, ciudad por ciudad. Lo vaticinan la estadística y las experiencias en otros países: habrá contagios de niños y niñas, de profesores y profesoras, de padres y madres. Habrá brotes. Será duro y complejo de gestionar.

Con los medios telemáticos como red de emergencia a la cual recurrir, el sector educativo valenciano se prepara a luchar por salvaguardar en lo posible la educación presencial. Tras acordar las medidas con los diferentes agentes que intervienen en el sistema (padres y madres, directoras y directores de centros, representantes del profesorado y representantes de los colegios concertados), la Conselleria de Educación ha previsto la incorporación de 4.000 nuevos profesores (acaba de hacer una adjudicación de 15.600 vacantes, la mayor en la historia de esta comunidad) y ha dotado con 200 millones de euros suplementarios (financiados en parte con los fondos extraordinarios contra la pandemia aportados por el Gobierno de España) los medios previstos para el nuevo curso escolar. Pero, sobre todo, trata de responder específicamente a la situación de cada centro docente. Ni todos los colegios o institutos disponen de las mismas capacidades en sus edificios e instalaciones, ni tienen las mismas necesidades de profesorado de refuerzo o de monitores de comedor ni han de responder a las mismas condiciones sociales del alumnado. Por eso, los planes de organización y de contingencia deben tener en cuenta esa diversidad.

“Se puede garantizar, con la actual situación de la pandemia, si no hay evolución a peor y con la seguridad de acuerdo con el protocolo necesario que han establecido las autoridades sanitarias, la realización de la actividad educativa presencial y también de las extraescolares”, aseguró el titular de Educación, Vicent Marzà, tras la última reunión del Consell de la Generalitat Valenciana. Se ha elaborado un protocolo que sigue las pautas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y que “responde a las necesidades de organización del curso en base a criterios estrictamente sanitarios”, así como a “las dudas de algunos centros”, añadió.

Entre otras cosas, se prevé que el 100% de los alumnos de infantil y primaria asista diariamente a clase , así como reducir ratios, con la utilización de los espacios disponibles para desdoblar grupos que permitan el máximo de presencialidad en secundaria y mediante la asistencia de los alumnos en días alternos cuando no haya más remedio, pero dando prioridad a la presencia diaria en clase en los primeros cursos de ESO.

Es de esperar que toda esa movilización de recursos funcione y que el esfuerzo valenciano no sea una excepción. Porque la premisa es la disposición a que funcione, la determinación de hacer todo lo posible para que la educación presencial recupere una cierta normalidad. Es un deber de la sociedad y sus instituciones ante toda una generación. A partir de septiembre comprobaremos, una vez más, cuánta razón tenía H. G Wells cuando vaticinó que la historia de la humanidad se transforma cada vez más en “una carrera entre la educación y la catástrofe”, en este caso una pandemia atroz.