Fue en 1999 cuando la 87ª Conferencia Internacional de la OIT, presidida por el chileno Juan Somavía, adoptó como finalidad primordial de la organización “…que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Desde entonces la propuesta ha ido perfilándose conceptualmente e incorporándose con voluntad operativa a los objetivos de las instituciones globales, la normativa legal y la práctica de las relaciones laborales, aunque con resultados tan insuficientes como desiguales.
En 2008 la Declaración de la OIT sobre “Justicia social para una globalización equitativa” fijaba los pilares estratégicos para el desarrollo del trabajo decente: oportunidades de empleo, derechos laborales, protección social y diálogo tripartito, “…teniendo en cuenta que la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de estos cuatro objetivos; y que la violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse en modo alguno como ventaja comparativa legítima”.
Aquel mismo año, la Confederación Sindical Internacional (CSI), dirigida por el británico Guy Ryder que en 2012 sería elegido Director General de la OIT, propuso el 7 de octubre como Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con objeto de promover su desarrollo, identificar sus déficits e impulsar las luchas y alternativas para su progresiva consecución.
Por su parte, la Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 incorporando entre sus 17 Objetivos el de “promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos” (ODS-8), encargando a la OIT su seguimiento y evaluación.
En su último informe (Perspectivas sociales y del empleo en el mundo) la OIT constata que persisten importantes déficits de trabajo decente que quebrantan la justicia social, destacando entre los más preocupantes los siguientes: de los 3.393 millones de personas ocupadas, el 59% lo están en trabajos informales (sin contrato, derechos ni protección social) mientras que 473 millones de personas activas carecen de un empleo remunerado, 214 millones de trabajadores viven en situación de pobreza extrema (menos de 1,9 dólares/día), el trabajo infantil afecta a 160 millones de niños y el forzoso a 28 millones de adultos.
Con ser graves y desigualmente repartidos los déficits cuantitativos de empleo, la dimensión cualitativa de los puestos de trabajo es tanto o más importante en la perspectiva de avanzar hacia los objetivos del trabajo decente.
Tomando como referencia dichos objetivos, la CSI que agrupa a 337 organizaciones sindicales democráticas de 167 países, con un total de 191 millones de afiliados, elabora anualmente el Índice Global de Derechos, evaluando para ello un total de 97 indicadores agrupados en cinco categorías (libertades civiles, derecho de asociación, reconocimiento de la actividad sindical, derecho de negociación colectiva y de huelga), lo que le permite clasificar a los países evaluados de acuerdo con su grado de cumplimiento.
Del análisis cruzado entre los datos cuantitativos sobre la distribución del empleo en el mundo que aporta la OIT y la evaluación cualitativa que sobre los derechos laborales realiza la CSI se desprende que la realidad efectiva del trabajo decente está muy desigualmente repartida. En términos globales, el ejercicio de los derechos laborales y sindicales se considera mínimamente garantizado (aunque con incumplimientos parciales y violaciones puntuales) sólo para un tercio de la población mundial, mientras que en los dos tercios restantes se registran, en mayor o menor grado, diferentes restricciones cuando no prohibición total de tales derechos. Por áreas geográficas, los mejores niveles de trabajo decente y con derechos corresponden a Europa occidental, mientras que en el polo opuesto se sitúan la mayor parte de los países de Asia y Oriente Medio, ubicándose en posiciones intermedias los del área americana y, en menor medida, africana.
La diversidad interna de cada área aporta aún mayor complejidad al análisis de la situación real del trabajo decente, cuyo desigual desarrollo e implementación correlaciona positivamente con la presencia e intervención del sindicalismo organizado que, con tasas medias de afiliación (16,5%) y cobertura de la negociación colectiva (30-35 por cien, aproximadamente) opera siempre como prescriptor social y factor de igualdad.