Nuevo golpe al ayuntamiento de La Vall por la herencia de Bonig: otra multa de 600.000 euros
Otro gran golpe de la justicia contra el ayuntamiento de la Vall d'Uixó. El ayuntamiento liderado hasta 2015 por el equipo de Isabel Bonig, ahora gestionado por el PSPV-PSOE, ha recibido una sentencia por el que se obliga a pagar 621.135,68 euros a la empresa encargada del servicio del ecoparque las facturas correspondientes a los años 2012 y 2013. Esta cantidad corresponde a la que el exalcalde, Óscar Clavell, hombre de confianza de la lideresa del PPCV, ahora diputado y doblemente imputado, “se negó a pagar”.
El segundo teniente de alcalde, Jordi Julià, ha criticado en un comunicado que se tenga que hacer estos pagos “por la incompetencia del anterior alcalde Óscar Clavell y del anterior equipo de gobierno del PP”. El también concejal de Medioambiente ha explicado que el Consorcio de Residuos, del que la Vall d'Uixó forma parte, ordenaba al consistorio “que pagara”, ya que los costes del servicio “deben ser asumidos por los ayuntamientos”, como decían los requerimientos que enviaba esta entidad.
El concejal ha lamentado que, en lugar de cumplir con sus obligaciones, Clavell “ordenaba que estas facturas no se tramitaran y, por tanto, no se pagaran”. De hecho, “devolvía las facturas al Consorcio de Residuos, que no tenía esta competencia, y este órgano volvía a enviarlas al Ayuntamiento para que fueran pagadas”.
Esta cifra se suma a una cuantía anteriormente denunciada por el nuevo ayuntamiento y lastra aún más su situación. La semana pasada, el equipo de gobierno denunciaba que en lo que se lleva de 2016 el equipo de gobierno ha pagado 627.000 euros en sentencias judiciales de funcionarios, además de seis millones euros en fallos urbanísticos.
Las facturas de esta última sentencia, según el concejal, tenían el visto bueno de varios miembros de la corporación: la jefa de servicio, la gerente del área y del anterior concejal de Medio Ambiente, José Villalba. Además, implica a más personas del PP, como el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el diputado provincial de Medio Ambiente, Mario García que “enviaron cartas instando al Ayuntamiento a pagarlas”.
Julià ha recordado que Óscar Clavell está imputado y procesado por el pago de estas facturas a Secopsa, por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.
