Las pesadillas cinegéticas de Serafín Castellano

Las cacerías son el lugar perfecto para hacer negocios, junto con los palcos de los grandes equipos de fútbol. Entre tiros, aves abatidas y almuerzos fraternales, se fraguan gran parte de las decisiones económicas más importantes, y si asiste un político, suele emerger esa lacra española denominada capitalismo concesional o de amiguetes.

Serafín Castellano, exconseller y actual delegado del gobierno en Valencia, es un gran amante de estas actividades. Una afición que parece haberse convertido en pesadilla, después de que la justicia haya decidido investigar si las cacerías presuntamente pagadas por un empresario al político valenciano, están relacionadas con las adjudicaciones otorgadas por este a través de mecanismos que levantan las sospechas.

Avialsa T-35 S.L., empresa dedicada a actividades aeronáuticas, organizó al menos 12 jornadas cinegéticas con empresarios invitados, en la que estuvo, según revelaron las fotos publicadas por Levante-EMV, Serafín Castellano. Las cacerías fueron pagadas por Vicente Huerta, propietario de la mercantil, según ha confesado a la justicia el ex gerente de la empresa, Francisco Alandí. De su dinero, a través de la Fundación Huerta, se costearon el alojamiento, el material de caza, los secretarios que acompañaban y las cenas y las comidas realizadas durante la estancia.

Monterías que se abonaban a través de la simulación de conceptos, según Alandí. Entre estos, destacan los pagos efectuados por la empresa de Huerta a la propietaria del coto de caza, Aprovechamientos Cinegéticos S.L., por informes sobre “la intermediación de la compra-venta de determinadas parcelas en la localidad de Viver”. Viver, es la localidad donde Avialsa tiene su aeródromo, autorizado este por la Conselleria de Territorio en 2007, pese que a su construcción se realizaba en suelo no urbanizable.

Estos pagos, fueron cuestionados en un correo electrónico que le remitió el dueño de la empresa cinegética, Andrés Emiliano Castedo, a Huerta, agradeciendo “la confianza depositada en la empresa”. Y desvelaba el verdadero objeto de la factura: “Si tienes pensado realizar próximamente alguna cacería, ruego que me lo indiques a la mayor brevedad posible para que las cosas estén en el punto que a ti te gustan”.

Pero, no solo se pagaron supuestamente las cacerías a Castellano, sino que también el ex conseller de gobernación recibió presuntamente como regalo un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros. El pago del rifle lo abonó la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunidad Valenciana, según reconoció al juzgado número 2 de Sagunto el dueño de la armería donde lo adquirió. Además, confeso que se camuflaron los conceptos con una factura falsa para proteger al ex secretario general del PPCV. Rifle, que el propio Castellano admite poseer, pero niega que fuera un obsequio del empresario.

Las vinculaciones entre Huerta y Castellano no se quedan en estos presuntos regalos. El alcalde del PP de la localidad de Quartell, Francisco Huget, es responsable de relaciones institucionales y gestión de cuentas en Avialsa, según reconoció el propio Huget, desde hace “siete u ocho años”. Castellano apadrinó al alcalde del municipio de la comarca del Camp de Morvedre en el congreso comarcal contra el candidato afín al alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus.

No obstante, hay más. Huerta también tiene otra vinculación con el PP: el empresario Augusto Tauroni -condenado junto con Blasco a cárcel por el caso de los fondos robados de cooperación- compro tres aviones al contratista de Castellano mediante un sistema de pagos, al menos, inusual.

44 millones en aviones

El político natural de Benissanó adjudicó durante su etapa como conseller de Gobernación contratos millonarios a la empresa de Vicente Huerta. El primero, para el bienio 2008-2009, cuando solo llevaba cuatro meses y medio de conseller y ya había acudido a las cacerías. El contrato adjudicado para el servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales era de 11,6 millones de euros. El segundo, otorgado por los mismos servicios para el período 2010-2014, ascendía a 22 millones. En esta ocasión, solo se presentó Avialsa al concurso.

Un contrata que el ex conseller aseguró para dos años más a Huerta. A través de una mera resolución administrativa, prorrogaba el contrato dos años más, hasta el 2016. La empresa percibirá 5,6 millones cada año. Una ampliación por un procedimiento de urgencia que no es inusual en las contrataciones otorgadas por Castellano al empresario de aviones.

Castellanó cambió la forma de proceder en las adjudicaciones que se habían desarrollado hasta la fecha. Pasó de un sistema de tramitación ordinaria, a un mecanismo de tramitación urgente y anticipada que reduce a ocho días los plazos para que se presenten las empresas.

Adjudicaciones “a dedo” con el “chofer” de las cacerías

Sin embargo, las actividades cinegéticas provocan más dolores de cabeza al político defenestrado de la secretaria general del PPCV tras la debacle electoral de las europeas. El “chofer” de Castellano para ir a las cacerías de Huerta era un gran amigo suyo: José Miguel Pérez Taroncher.

Taroncher es compañero de cacerías y de pilota valenciana de Castellano. La mujer del amigo del delegado de gobierno, María Ángeles González, comparte con la mujer de Serafín Castellano, Nuria Rioja, la propiedad de una finca de naranjos de 27.000 metros cuadrados en Llíria. Además, Castellano y su esposa, casados en bienes gananciales, firmaron un préstamo a medias de 82.600 euros con González. La pareja del político popular fue socia de Vicente Conesa, empresario imputado en el caso Terra Mítica.

Las tres empresas de Taroncher (Construcciones Taroncher y Asociados, Construcciones Pérez Taroncher y Jopeta Gestión de Patrimonio) se han llevado supuestamente en más de 200 contratos “a dedo” 7 millones de euros de la Generalitat durante el período 2000-2008. Las empresas del amigo de Castellano, cuya mujer fue colocada en el grupo popular de las Corts, facturaron cuando el político popular ostentaba la conselleria de Sanidad 1,7 millones.

Un hecho, sin embargo, obligó a rectificar esta estrecha relación que también se hacía ver en las contratas. El caso emergió en 2009 y Castellano admitió haber adjudicado contratos a su amigo. Taroncher cerró sus empresas y creó una nueva, denominada DV-Cuatro, a nombre de sus hijos para seguir obteniendo negocios de la Generalitat de personas del círculo estrecho del ex conseller en Sanidad o Educación.

Incluso, el propio Castellano, durante su etapa en Gobernación, adjudicó contratos de obras para la reforma de su despacho, de las sedes de la Conselleria y por otros servicios a la saga Taroncher. El 92% de la facturación de este constructor hasta el año 2013 era pública.

Unos hechos que fueron llevados al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana. La entidad supuestamente ligada al arquitecto del régimen popular, ahora condenado por corrupción, Rafael Blasco, presentó la denuncia durante el fuego cruzado que protagonizaron el gobierno de Fabra, con Castellano como mano derecha del president, y el ex conseller popular natural de Alzira. La denuncia fue finalmente archivada por el TSJCV, aunque fue trasladada por la asociación a un juzgado ordinario donde se investigan los hechos.

La antecesora de la Gürtel

Las pesadillas de Serafín Castellano no se terminan con las relaciones y negocios de estos dos compañeros de caza. La vertiente valenciana del caso Over Marketing también acecha al que fue uno de los hombres clave del PP, al que se le atribuye el mérito de fagocitar e integrar el partido regionalista y blavero Unió Valenciana en el seno del PPCV.

Un dolor de cabeza que surge cuando Daniel Mercado, propietario de Over Marketing, confiesa en octubre de 2012, ante el juez instructor de la macro causa Palma Arena, que consiguió contratos “mediante amaños” en la administración valenciana y en otras administraciones regionales. Incluso, declaró que se llevó 7,2 millones del Ministerio de Trabajo, cuando el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, era el titular de la cartera.

La Generalitat encomendó trabajos a esta mercantil, considerada una antecesora de la Gürtel, por un valor de 6 millones de euros, según afirmó en su momento Ignacio Blanco, diputado de EUPV. La formación aportó los contratos conseguidos de la trama en el País Valenciano al juzgado de Palma que instruía el caso. La mayoría de los contratos se obtuvieron de la Conselleria de Sanidad, siendo responsable el propio Castellano y con la sombra puesta en otros cargos que habían dado adjudicaciones a Taroncher. La oposición sospecha que el dinero fue utilizando para pagar las vallas publicitarias de la campaña electoral del PPCV de 2003.

Los hechos también los denunció la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, durante el período de enfrentamiento descrito entre Castellano y Blasco, en el juzgado número 3 de Valencia. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas acciones, aunque estas tiene más posibilidades de avanzar en los juzgados valencianos que en los de las Islas, ya que el enorme volumen de la macro causa en la que está inserida la pieza de Over Marketing, ha hecho que el juez Castro establezca prioridades en sus pesquisas.

La sombra y las sospechas persiguen a Castellano. Las actividades cinegéticas y las contratas vinculadas junto con el caso Over Marketing, son un dolor de cabeza para el delegado del gobierno de Valencia. Una auténtica pesadilla que puede convertirse en calvario judicial.