Este miércoles ha comenzado el proceso de privatización de la vigilancia exterior del complejo penitenciario de Picassent, en Valencia, con la incorporación de los vigilantes de la empresa de seguridad Segur Ibérica. Cinco guardias, distribuidos en tres turnos, realizan labores de seguridad en servicios que hasta ahora eran desempeñados por agentes de la Guardia Civil.
Según denuncia Acaip (Asociación de los Cuerpos de las Administraciones e Instituciones Penitenciarias) se trata de un dispendio “enorme y sin ningún sentido”, ya que supone duplicar esos cinco servicios que hasta la fecha realizaban funcionarios públicos y que ahora llevarán a cabo desde una empresa privada. El coste anual aproximado de este “experimento” sólo en Picassent calculan que ronda los 800.000 euros al año.
Procedimiento
Acaip denuncia que el Gobierno, “de todos es conocida la vinculación de personas importantes del partido que lo apoya con empresas de seguridad privada”, modificó la Ley de Seguridad Ciudadana para posibilitar esta externalización del servicio de vigilancia. Además, censuran que el procedimiento ha sido negociado sin publicidad, y no mediante concurso público, “para que las condiciones no se publicitaran en ningún sitio”.
De este modo, desde el sindicato han apuntado cómo los centros penitenciarios se repartieron en cuatro lotes distribuidos entre las distintas empresas “a su conveniencia”. El lote que incluye a las prisiones valencianas tiene un coste anual de unos 8.850.000 euros, mientras que el importe global a nivel nacional asciende a más de 40 millones de euros.
Acaip ha insistido en que, en todo momento, este procedimiento se ha llevado a cabo “con total oscurantismo y falta de transparencia, alegando supuestas 'cuestiones de seguridad', y sin facilitar información a los representantes de los Cuerpos de Seguridad que realizan esta labor ni a los trabajadores penitenciarios, ni a los diputados. Todos los datos que conocemos han sido gracias a filtración de documentos”.
Desde el Gobierno, insistían, “se ha vendido” que los agentes de los Cuerpos de Seguridad que hasta ahora prestaban servicio en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios serán en un futuro destinados a labores de seguridad ciudadana, “algo que es total y absolutamente falso, ya que, en el mejor de los casos, van a pasar a reforzar los equipos encargados de los traslados de internos entre las distintas prisiones o traslados a diligencias judiciales”.
Privatización del sistema penitenciario
Desde Acaip se han manifestado desde el principio en contra de esta medida, ya que “estamos seguros de que es la punta de lanza de un objetivo mucho más amplio, que es privatizar todo el sistema penitenciario español, siguiendo el ejemplo de las prisiones privada que ya funcionan en Gran Bretaña o en EE.UU”.
A su juicio “resulta sospechoso todo el secretismo con el que se ha llevado todo el proceso, queriendo ocultar la enorme cantidad de dinero que se va a malgastar en este tema para contentar a unos cuantos, mientras la mayoría de las prisiones españolas se caen a trozos por falta de mantenimiento, mientras cada vez hay menos trabajadores en ellas porque no se cubren las jubilaciones y los fallecimientos”.
Además, entienden que se pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, y por extensión la de sus trabajadores y los internos, ya que han afirmado que estos vigilantes “sólo han realizado un breve curso, y no están en condiciones, ni de lejos, de garantizar la seguridad en las mismas condiciones que lo pueden hacer los miembros de los Cuerpos de Seguridad que han tenido una formación durante años”. Además han denunciado que no está claro cual debe ser su papel en el caso de que se produzca un incidente, “hasta donde pueden intervenir”.