Podemos ha elaborado un documento que bajo el nombre 'Medidas para la investidura' contiene un decálogo de propuestas para los primeros cien días de gobierno en la Generalitat del PSPV y Compromís que se centran en “combatir las medidas de emergencias social, hacer medidas de cambio con los recursos necesarios y garantizar la participación ciudadana, en consonacia con el 'Acord del Botànic'” y de cuya asunción, han explicado, depende el apoyo a la investidura de Ximo Puig el próximo domingo.
Así, explican que mientras el 'Acord del Botànic' es un comprmiso con la sociedad sobre unas grandes “líneas de cambio” que deben guiar la acción política, la investidura es para Podemos “el momento de hacer realidad de forma inmediata algunas de las demandas más urgentes de la ciudadanía, ”los valencianos deben percibir desde el primer minuto que el cambio está en marcha y que sus condiciones mejoran“.
El decálogo se refiere a: los desahucios, la participación, la eficiencia, una auditoría ciudadana, la deuda, la justicia social, la pobreza energética e infantil o la educación.
El decálogo de Podemos
Respecto a los desahucios, Podemos exigirá al nuevo Consell que limite sus relaciones con entidades financieras que “incumplan los estándares internacionales” en esta materia, que presione a los bancos para evitar los desahucios de viviendas habituales a personas en dificultades sin alternativa de vivienda y que revitalice la Entidad de Ifraestructuras de la Generalitat (Eige) para que actúe como una Agencia Pública de Alquiler Social.
En cuanto a la participación, demandan la creación simbólica del escaño 100 para hacer posible que se materialicen peticiones ciudadanas de forma que se puedan debatir de forma directa en Les Corts.
Sobre la eficiencia, el partido de Antonio Montiel reclama la reducción “drástica” de altos cargos, directivos y asesores, así como la formación específica del funcionariado. El ahorro que se pretende obtener con esta medida solicitan que se destine a la contratación de personal docente y sanitario. También solicitan que se aplique una mayor austeridad en los gastos personales de los cargos públicos (dietas, categorías de hoteles...), que tendrán que estar siembre justificados, además de la limitación del uso de los coches oficiales a los actos oficiales y la supresión de los privilegios de los expresidents. Relacionado con la eficiencia, piden que se acabe con las duplicidades de competencias entre administraciones.
Otro de los puntos del decálogo se refiere a la creación de una Comisión para la Auditoría de la Generalitat para revisar la gestión de los servicios públicos básicos (externalizaciones, concesiones, privatizaciones y gestión pública), empresas mixtas, consorcios, fundaciones y la deuda autonómica. En este sentido, apuntan que se debe determinar la cuantía total de la deuda, las vías de endeudamiento y los responables, “llegando a iniciar acciones legales para depurar responsabilidades si fuera necesario”.
Podemos también exige la creación de una Comisión Negociadora -en la que participen miembros del gobierno, de los partidos y de la sociedad civil- para negociar con el Estado la compensación de la deuda histórica, valorada en unos 12.800 millones de euros entre 2002 y 2014, de modo que “la deuda total de la Comunitat Valenciana pasaría a ser de 24.576 euros, eliminando alrededor de un tercio de la deuda total”.
Reclaman la puesta en marcha de un impuesto sobre el patrimonio, con reducción del mínimo exento -un patrimonio neto de 400.000 euros frente de los 700.000 aplicables de manera general- y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes actualmente.
La creación de un Cheque de Servicios Básicos para garantizar un mínimo de subsistencia de agua, gas y electricidad a quienes no disponen de una renta suficiente para pagarlas, así como presionar a las empresas para la aplicación de reducciones y exenciones temporales en las facturas.
La puesta en marcha de un Programa de Becas de Comedor por medio de la conselleria de Educación en colaboración con los ayuntamientos y centros educativos para garantizar la gratuidad a las familias en riesgo de exclusión por medio de un sistema de bonificación.
Por último, la formación de Montiel exige la gratuidad de los libros de texto para las familias en riesgo de exclusión uy bonificaciones en función de la renta, así como la reducción de las tasas universitarias.