Cuando un agente del Cuerpo Nacional de Policía en prácticas es padre, recibe un permiso de paternidad de seis semanas de duración tras el cual se reincorpora para acabar su periodo de formación y acceder al cuerpo como funcionario de carrera. Sin embargo, a sus compañeras en prácticas “se les deniega el permiso de maternidad”, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Una agente valenciana de 29 años cogió la baja por riesgo en su embarazo el pasado mes de enero tras seis meses de prácticas en una comisaría. El 8 de marzo, mientras millones de mujeres se movilizaban en todo el mundo, la agente, que llevaba 38 días de baja, recibió una resolución de la Dirección General de Policía (DGP) que ordenaba el aplazamiento del módulo de formación práctica que cursaba. La mujer, que dio a luz hace apenas dos semanas, se ha visto obligada a volver a casa de sus padres. Según denuncia, se ha quedado sin paro ni asistencia médica.
La DGP alega en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de los procesos selectivos y de formación de la Policía determina que a “aquellas aspirantes que, por su estado de gestación o lactancia, no puedan incorporarse a los mismos”, se les “concederá o dispondrá el aplazamiento” del periodo formativo. Sin embargo, fuentes del SUP consideran que esta decisión incumple normas de rango superior como la Constitución, cuyo artículo 14 establece el derecho fundamental a la igualdad sin discriminación por razón de sexo, o la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Escuela de Policía de Ávila prevé dos situaciones que justifican perder días de prácticas. Así, un agente en prácticas puede perder 73 días (20% del periodo formativo) debido a una enfermedad o lesión fuera de los actos de servicio, o 146 días (40%) si es como consecuencia de un acto de servicio. En todo caso, destaca la Escuela de Ávila, “se dará un tratamiento individualizado a cada situación y a cada policía en prácticas, tomándose las decisiones que más le favorezcan en caso de duda en la interpretación de la norma legal”.
Sin embargo, tal como denuncia la mujer en su recurso de reposición contra la resolución de Interior, ha quedado “patente la desventaja respecto de sus compañeros de promoción”. A los policías hombres, “por el mismo hecho causante (nacimiento de hijo) les es concedido el permiso de paternidad y se les permite compatibilizar una situación de incapacidad temporal que alcanza hasta los 146 días sin que ello implique el aplazamiento de las prácticas”. Por el contrario, a esta funcionaria “se le deniegan los permisos por parto y gestación, así como la posibilidad de mantenerse en la situación de incapacidad temporal hasta el límite de 146 días”.
Aquella histórica jornada de movilización feminista del 8 de marzo, la agente recibió la resolución del aplazamiento, que lleva fecha de 19 de febrero, firmada por el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, José García Molina, y por la subdirectora general de recursos humanos y formación, Pilar Allué Blasco. Allué, que en 1997 se convirtió en la primera comisaria de España, reclamó el Día de la Mujer que “cualquier niña que sueñe con ser policía, tiene que saber que, si quiere, puede serlo”.
Según denuncia la agente valenciana en el recurso, esta resolución supone que “deberá repetir todo el periodo de prácticas completas” cuando se reincorpore pese al “buen desarrollo” y la “muy positiva evaluación” que asegura haber tenido durante los cinco meses de prácticas realizados. Además, la mujer denuncia que no se le concedió el permiso por parto ni la prestación por maternidad. Tampoco contará con la asistencia médica de la Mutualidad de Funcionarios ni con prestación social porque ante las bases de datos de la Seguridad Social consta como funcionaria en prácticas.
No tendrá derecho a paro porque, a pesar de haber cotizado previamente a su ingreso en la Escuela de Policía de Ávila, la Seguridad Social considera que, tras el aplazamiento de sus prácticas, no ha cotizado el mínimo de seis meses en el ámbito privado, según explican fuentes sindicales.
La agente, que dio a luz hace dos semanas, es madre soltera. Asesorada por el SUP, interpuso el pasado 20 de marzo un recurso de reposición ante la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía contra una resolución que la deja en una delicada situación. Fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior consultadas por eldiario.es coinciden en que se trata de un caso singular y complejo.
Con este panorama, la agente valenciana se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de familiares para sobrevivir hasta que se resuelva el recurso. Miguel Ángel García, responsable de la Federación de Igualdad y Conciliación del SUP, considera que se trata de “un grave caso de discriminación por razón de género en el seno de la Policía”. “Se debe poner fin a esta situación antes de que acabe el mes”, reclama.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en la Policía trabajan 9.063 mujeres, un 14,2% del total. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido en varias ocasiones a la integración de la mujer en la Policía. El pasado enero, en su discurso con ocasión del 195 aniversario del Cuerpo, aseguró: “Debemos crear un entorno laboral que favorezca la corresponsabilidad y permita a las mujeres desprenderse de esos suelos pegajosos que en esta institución, como en el conjunto de la sociedad, frenan las justas aspiraciones de tantas mujeres sobradamente capacitadas”.