El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Pedro Agramunt, renunció este martes a dimitir, como le pidió su grupo político, y aseveró que estudia medidas legales contra el cambio reglamentario que podría permitir el jueves la votación de su destitución.
Agramunt, en el centro de la polémica por haber visitado Siria en marzo junto a parlamentarios rusos y entrevistarse con el presidente Bachar al Asad sin notificar a la Cámara, “estudia con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales” contra el cambio reglamentario, ha dicho a Efe un portavoz del político español.
El presidente de la APCE emitió además un comunicado para rebatir la decisión de su grupo político, el Partido Popular Europeo (PPE), que informó este miércoles en una nota de que el 58 % de los miembros del PPE votaron en favor de su dimisión “inmediata”, frente a un 39 % que se expresaron en contra.
Agramunt, de 65 años y miembro del Partido Popular (PP), aseveró que el presidente del grupo, el alemán Axel Fischer, “tomó una decisión invalida de conformidad” con los estatutos del PPE, al no ser informados sus miembros con dos semanas de antelación y no anunciar la votación.
El político valenciano denunció en su comunicado “tres ataques a la democracia” en la reforma: se incumple el principio de no retroactividad; es un proyecto “ad hominem” dirigido a desacreditarlo, y “no hay necesidad de ninguna razón objetiva o aparente” para destituirle, lo que crea “inseguridad jurídica”.
El presidente de la Cámara europea aseguró que visitó Siria, como otros visitaron en el pasado a controvertidos dirigentes como el serbio Slobodan Milosevic o al rumano Nicolae Ceaucescu: “Como yo, trataron de mediar para lograr la paz”, aseguró. “Ellos no fueron atacados con la vileza de la que he sido víctima”, agregó.
Además, criticó al secretario general de la APCE, Wojciech Sawicki, que ha “frenado cualquier tentativa a poder ser sometido él a un proceso” de destitución, “pero que ha facilitado que el presidente de la Asamblea puede estar sujeto a la misma”.
La reforma supone “una modificación oculta” a los estatutos del Consejo de Europa que “rompe la autoridad del Comité de Ministros, que, de conformidad con el artículo 41, es el organismo autorizado para llevar a cabo este tipo de enmiendas”, denunció en la nota.