La semana pasada lo hicieron Alfonso Rus y Alfonso Grau. Tiempo antes lo había hecho por videoconferencia desde la cárcel de Picassent Rafael Blasco, que cumple condena por el fraude en las ayudas de Cooperación. Este lunes han coincidido Francisco Camps y Juan Cotino. Por las comisiones de investigación de las Corts Valencianes han desfilado ya algunas de las piezas mayores en la amplísima nómina de presos, imputados y condenados del PP valenciano. Sin otro resultado tangible que constatar la arrogancia con la que se comportan todavía.
Cotino, por ejemplo, debía dar explicaciones sobre las adjudicaciones de residencias a la empresa de su familia, que cuadruplicó su negocio con la Generalitat mientras él fue conseller de Bienestar Social. Y se permitió acusar a los diputados del resto de partidos de “repetir muchas veces” algo incierto para que parezca que es cierto que hizo algo malo.
Cotino está investigado en Gürtel, por las trapisondas con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias y en relación con el amaño para la trama de Francisco Correa y 'el Bigotes' del contrato con RTVV por la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en 2006, sobre el que el juez ya ha acabado la instrucción y le ha enviado a juicio con graves acusaciones. Pese a ello, aseguró: “Nunca he favorecido a ningún tipo de empresa, ni de mi familia ni de nadie”.
Vale. En 2001, cuando Cotino era accionista de Sedesa, la conselleria de Rafael Blasco otorgó 28 de las 73 residencias de la tercera edad a una UTE de esa sociedad con otras. Era una unión de empresas muy curiosa porque en ella se agrupaban financiadores ilegales del PP ahora confesos. Estaban su sobrino Vicente Cotino a través de Sedesa, Enrique Ortiz con Enrique Ortiz e Hijos, y la empresa Lubasa, de Luis Batalla, todos dentro de Gerocentros del Mediterráneo, junto a Hormigones Martínez, de Rafael Martínez, que formaba la segunda pata de la UTE. Cuatro de las empresas que han asumido en el caso Gürtel que financiaron a los populares para que la fiscalía rebaje sus peticiones de pena estaban en aquel tinglado.
Convertida años después en Centros Residenciales Savia, Cotino no vendió sus acciones (más de un 9% de Sedesa) hasta poco antes de asumir en 2006 la cartera de Bienestar Social. Un periodo, hasta 2009, en el que el negocio de Savia pasó de unos 11 millones de euros a más de 40 millones y de 680 plazas subvencionadas a 2.020.
Vicente Cotino (que estaba en el Caribe) y Enrique Ortiz hablaron de su tío en febrero de 2009, como revela una de las grabaciones del caso Brugal. “El conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío de la boina”, se quejaba Ortiz. A lo que su interlocutor respondía: “Bueno, pues el domingo que lo voy a ver yo se lo diré”. Joaquín Martínez, a la sazón secretario autonómico, se había convertido en la obsesión de Ortiz.
Las reticencias del secretario autonómico no impidieron que a lo largo del mandato de Cotino como conseller del área se suprimiera la limitación del 33% de plazas para que la Generalitat enviara personas a una residencia y las subvencionara. Se aumentaron los precios y hasta hubo un intento de blindar los intereses del grupo que Angélica Such, la consellera que sucedió a Cotino, no permitió.
En la sala de comisiones contigua a la de Cotino, Francisco Camps se comportó de forma todavía más altiva. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco del caso Imelsa (ese en el que están imputados Rus y Grau, por cierto) describen una “intensa disputa” por el reparto de comisiones ilegales en el seno del PP de Valencia. Máximo Caturla y Marcos Benavent, el “yonqui del dinero”, hablan en una de las grabaciones del sumario de la conveniencia de “negociar con Paco” para extender sus manejos a diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana.
Caturla fue consejero delegado de Ciegsa, la empresa creada para la construcción de colegios, entre 2004 y 2007. Camps despachó ante los diputados las grabaciones policiales como “conversaciones de taberna” y puso en duda que Ciegsa hubiera podido acumular más de 1.000 millones de euros de deuda cuando destinó 2.000 millones a construir centros educativos.
Pero las cifras son públicas. Igual que Cotino, Camps amparó su actuación en informes favorables de los órganos competentes, y citó entre ellos los de la Sindicatura de Comptes. Una institución que desgranó año tras año los sobrecostes en la construcción de colegios. Esos sobrecostes que a la luz de las grabaciones se sospecha que escondían mordidas de la corrupción instalada en el PP. En el periodo en que Caturla fue responsable de Ciesga, los informes de la Sindicatura de Comptes llegaron a señalar sobrecostes de hasta el 178% en alguna construcción.
Camps, que fue absuelto en el caso de los trajes, un temprano juicio de la serie de Gürtel, por el que dimitió como presidente de la Generalitat, está imputado en otro frente de escándalo, el de la Fórmula 1. Se investiga en ese asunto la utilización de una empresa, Valmor Sport, como falsa organizadora de la prueba automovilística, cuyo coste, a la postre, acabó pagando la Generalitat, es decir, todos los valencianos.
Con consellers de sus gobiernos encarcelados, condenados o imputados, con cargos de su partido y colaboradores de sus equipos bajo la lupa de los jueces y de la policía, que Camps, como Cotino, presuma de buena gestión ante los parlamentarios de la comisión de investigación resulta bastante grotesco, una postura a medio camino entre la autodefensa y el ridículo.