Cinco leyes y la renovación de organismos: los deberes del Pacto del Botánico al final de la legislatura

El tic tac apremia. El tiempo pasa más rápido cuando lo ocupan más asuntos. Y en el Parlamento valenciano, en una legislatura compleja -un temporal, una pandemia, los efectos de una crisis derivada de una guerra- se agotan los plazos para aprobar las normas comprometidas en el proyecto que arrancó en 2015 y se revalidó en 2019. Los grupos del Pacto del Botánico apenas cuentan con un par de plenos y poco más de un mes para sacar adelante cinco proyectos legislativos, entre los que emanan del Parlamento y los que vienen del Ejecutivo autonómico.

PSPV, Compromís y Unides Podem han fijado sus prioridades en el próximo pleno y confían en organizar otro, un “pleno escoba”, para dar el visto bueno a algunas normas en tramitación. Hay una decena de textos que requieren un acuerdo, pero, según las previsiones, serán cinco los que superen la fase final. En paralelo, está pendiente la renovación de los organismos estatutarios y otros que dependen del Parlamento autonómico, para lo que se necesita un pacto con la oposición que lleva bloqueado desde hace meses. Se trata del Consell Jurídic Consultiu o el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la presidencia y la dirección general de la radiotelevisión pública valenciana, un asunto a tener en cuenta por el impacto informativo de la cadena pública en unas elecciones.

Entre los proyectos prioritarios están la ley de bienestar animal, la creación de la agencia valenciana de cambio climático y la ley contra la despoblación. También la ley de viviendas colaborativas, la de impulso de la partipación y el asociacionismo y la validación del decreto ley contra el acoso inmobiliario, aprobado por el Consell este viernes. Las dos primeras normas se aprobarán en el pleno de este jueves, al que se suma el debate a la totalidad de la ley de participación, que impulsa la Conselleria de Transparencia de Rosa Pérez Garijo; la ley de viviendas colaborativas, que viene del grupo Unides Podem-EUPV, y la de despoblación, un encargo de Presidencia de la Generalitat elaborado por la exconsellera Elena Cebrián, que para los socialistas es de gran interés por su impacto. Estas tres normas aún deberán pasar por comisión para debatir las enmiendas y requieren otro pleno para su validación, que los grupos ordenarán en marzo, a punto de que las Corts Valencianes se disuelvan.

La norma contra la despoblación, una de las apuestas de Puig para la legislatura, arrastra el conflicto entre los socios de Gobierno por la implantación de plantas solares y parques eólicos. Compromís exige cláusulas de equidad territorial y ciertas garantías sobre el terreno para su implantación, una transición “ordenada”, mientras que los socialistas vuelven a alegar que hay cuestiones que entorpecen la transición energética y afectan a proyectos en vigor. “La Generalitat garantizará una implantación ordenada de las instalaciones de energías renovables que fomente la generación de energía en espacios urbanos y perirubanos próximos a las zonas donde se concentra el consumo energético”, apunta la propuesta de los valencianistas, a fin de “evitar las externalidades negativas”.

En el resto de la normas se han salvado las discrepancias y no parece haber más escollo que el temporal para su aprobación. Sobre este escaso margen planea otra cuestión, aireada por Ciudadanos: la reforma de la ley electoral, que se quedó colgada en los últimos intentos de rebajar el listón de entrada al parlamento al 3%. Para aprobarla hace falta al menos el voto de un diputado tránsfuga -PP y Vox rechazan negociarla- y encajarla en el último pleno de marzo.

Además de estas normas, el Parlamento valenciano tiene otros textos pendientes. Las recién llegadas leyes de comercio sostenible y diversidad familiar, que tuvieron el visto bueno del Consell el pasado 20 de enero. Los plazos, reconocen los grupos, no dan para aprobarse esta legislatura, por lo que el proceso debería volver a la casilla de salida con el nuevo periodo de sesiones, si algún grupo las vuelve a presentar. Los socialistas también quieren aprobar la reforma de Ley de Espectáculos Públicos y la Ley de Carreteras para sancionar la publicidad y demanda de prostitución, pero no cuentan con el apoyo de sus socios de Gobierno, que consideran punitivista esta medida.