Compromís enmienda la ley del aborto para que las mujeres sepan si en su hospital son objetores de conciencia

La coalición Compromís presenta un grupo de enmiendas a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que las mujeres tengan más información sobre el proceso y las prácticas sanitarias cuando decidan abortar. La coalición ha remitido varios textos al Senado, donde se debaten los últimos flecos de la norma, enfocados a que las mujeres sepan si en sus centros hospitalarios el personal sanitario se declara objetor de conciencia.

El escrito plantea que la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia, “una decisión siempre individual del personal sanitario”, se manifieste “con antelación, por escrito y tiene que ser conocido por las pacientes al inicio del embarazo”. Con la enmienda la coalición trata de buscar el equilibrio entre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, que no es público por una cuestión de privacidad, y el de las mujeres a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, que puede verse alterado al enterarse cuando solicita la intervención de que no se realiza.

La diputada autonómica de Compromís que ha trabajado las enmiendas en el Congreso y en el Senado, Mónica Álvaro, apunta que no es factible ejercer el derecho en la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros públicos, una acción que depende de si existe personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia. “La mujer tiene que conocer siempre y al inicio de su embarazo si el centro sanitario al cual está adscrita tiene la capacidad de efectuar en sus instalaciones y con su personal, una interrupción voluntaria del embarazo, sin que esto mengüe el derecho a la objeción del personal sanitario”, insiste.

El escrito, firmado por el senador Carles Mulet, que defenderá las enmiendas en la Cámara Alta, también incorpora que el centro sanitario informe a las mujeres sobre las ventajas médicas, riesgos y efectos secundarios del aborto farmacológico y el quirúrgico para que puedan decidir, en función de su estado físico, qué método prefieren.

La coalición alerta de los movimientos reaccionarios contra el derecho al aborto y defiende un aumento de la información para blindarlo. Como ejemplo, cita las acciones del obispo de Orihuela, José Ignacio Munilla, que acudió a respaldar una concentración antiabortista frente a una clínica y que equipara la propuesta de Vox sobre el latido fetal con las fotografías de las cajas de tabaco. La coalición quiere trasladar esta petición al Parlamento autonómico en forma de proposición no de ley.

El 92% de los abortos en la Comunitat Valenciana se realizan en centros privados

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha facilitado esta semana los datos de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la Comunitat Valenciana, que muestran que apenas el 8% se hacen en centros públicos. En concreto, se han realizado 7.937 abortos en 2021 a mujeres de entre 15 y 44 años residentes de la Comunitat Valenciana y 120 a no residentes. Pese a la privatización del servicio, la tasa de interrupciones en la privada se ha reducido en un 8% en dos décadas: en el año 2000, con la ley de supuestos aprobada en 1985 vigente, solo el 0,1% se practicaba en la pública. Con todo, en declaraciones a Europa Press, el departamento que dirige Miguel Mínguez garantiza que “toda la atención inicial, asesoramiento, anticoncepción y seguimiento posterior” se realiza en los centros de salud sexual y reproductiva.

Sedación y anticonceptivos

El departamento que dirige Miguel Mínguez ha ido introduciendo una serie de cambios en los protocolos de interrupción voluntaria de embarazo, orientados a hacer menos hostiles estas intervenciones para las mujeres. Con la aprobación de un nuevo protocolo, vigente desde octubre, Sanidad asume el coste de la sedación si las pacientes lo solicitan, tanto en centros públicos como privados.

La nueva norma incluye también la necesidad de asesoramiento anticonceptivo a las pacientes que vayan a abortar, que implica ofrecer a las mujeres la posibilidad de implantarse en el mismo acto asistencial un anticonceptivo de larga duración -un dispositivo intrauterino, el conocido 'DIU'- con el fin de evitar futuros embarazos no deseados. En caso de que la paciente acepte, Sanidad costeará la implantación y el seguimiento. Según sus estadísticas, en el 37% de las interrupciones voluntarias del embarazo no se habían utilizado métodos anticonceptivos. El 96,2% de los abortos realizados fue a petición de la mujer, un 3,15% por anomalías graves del feto, un 0,6% por riesgo para la mujer y un 0,2% por anomalías graves e incurables y en el 97,1% de los casos se realizó en las primeras 14 semanas.

En la Comunitat Valenciana hay una red de 81 Centros de Salud Sexual y Reproductiva distribuidos en los 24 departamentos de salud con el objetivo de garantizar la atención en salud sexual y reproductiva a toda la ciudadanía. Para mejorar la coordinación, Sanidad ha creado una comisión de seguimiento, que recogerá propuestas para mejorar la atención integral. Uno de los objetos de estudio y reivindicación de los colectivos vinculados es buscar la fórmula para garantizar la objeción de conciencia de los médicos y también el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, como marca la ley. Pese a que el derecho está reconocido, en algunos centros públicos no se realizan abortos porque todo el personal se declara objetor de conciencia.