Condena de 1.200 euros a la Generalitat Valenciana por no dar información al PP
1.200 euros, las costas del proceso, es la condena que ha recibido la Generalitat Valenciana del proceso impulsado por la diputada y portavoz adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, por no recibir la documentación reclamada al Consell. Ortiz ha explicado que ha sido el TSJCV el que ha condenado al gobierno valenciano, pero centra sus ataques en la vecipresidenta porque esta “es una condena a [Mónica] Oltra por no facilitar documentación y vulnerar los derechos fundamentales de esta diputada”.
Eva Ortiz explica que solicitó documentación referida a una serie de acuerdos del Consell. “La vicepresidenta Oltra, que ejerce como secretaria del Consell, era la responsable de facilitar esta documentación, a la que se negó, obligándonos a recurrir a los tribunales”, ha explicado. “No deja de ser paradójico que Oltra, que durante años se quiso erigir como la abanderada de la transparencia, ponga ahora todas las trabas posibles para facilitar documentación y se escude en que no tiene personal para hacerlo, cuando es exactamente lo que ella y su grupo hacían cuando bombardeaban con solicitudes de documentación al anterior Consell, del PPCV”, ha indicado.
En el auto dictado por la sala con fecha 19 de diciembre de 2016, se cita textualmente que la diputada “ha tenido que acudir al Tribunal para ver satisfecho su derecho, y procede imponer las costas a la administración que se limitan a 1.200 euros”. “La Sala resuelve confirmar el auto con expresa condena en costas a la administración, una resolución que es firme”, concluye.
Ortiz ha señalado que el GPP “se ha visto obligado en el último año a interponer más de una decena de contenciosos ante la negativa del Consell de Puig y Oltra a facilitar documentación a la que tenemos derecho en el ejercicio de nuestras funciones como diputados”. Así, ha recordado que ya ha habido varios autos con condenas a pago en costas: a la consellera Gabriela Bravo por no facilitar las auditorías que dijo que había encargado sobre la situación de la Justicia, o al conseller de Hacienda, Vicent Soler, por no facilitar las cajas fijas de las universidades y por no entregar diversos informes de la Intervención de la Generalitat.
