La Generalitat Valenciana estudia un préstamo de 20 millones de euros a la multinacional Abengoa, con sede en Sevilla, si esta decide trasladar su sede social a Valencia. La mercantil se encuentra en un proceso de reestructuración y solicitó un aval a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, que se ha negado a respaldarla económicamente al no encontrar el instrumento jurídico para inyectar la cuantía y recela de operaciones similares en la etapa socialista. Un instrumento con el que sí que cuenta la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzaba este jueves en el Parlamento autonómico que su equipo negocia con una multinacional el traslado de su sede. Posteriormente, desde el Palau se confirmó que se trata de la firma de Gonzalo Urquijo y que ha sido la mercantil la que se ha aproximado al Gobierno autonómico en busca de apoyo institucional. La multinacional, especializada en infraestructuras, energía y agua, amenazó a la Junta de Andalucía con trasladar su sede si no encontraba respaldo en el proceso de reestructuración en el que lleva inmersa varios años. Desde hace una semana la dirección de la matriz permanece descabezada, después de que un consejo de administración forzado por los accionistas minoritarios cesaran a la dirección de Urquijo y planteen como sucesor a Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos y Coca Cola.
El Gobierno valenciano estudia a través de su banco público, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) si la operación es viable y si debería plantearse entrar en la misma, según informan fuentes cercanas a la negociación. El banco público valora una línea de financiación directa, una actuación que no requiere del visto bueno del Consejo de Ministros, como sí sería necesario en caso de un aval. El último pleno del Consell, celebrado el 20 de noviembre, aprobó la creación del fondo valenciano de resiliencia, un instrumento financiero pensado para apoyar la solvencia de compañías estratégicas.
Desde el Palau de la Generalitat insisten en que no hay nada cerrado y se están dando conversaciones de trabajo con la organización, aunque ven con mucho interés que una multinacional que genera cerca de 3.000 puestos de trabajo en España quiera trasladarse a Valencia. En el IVF enmarcan estas negociaciones en la absoluta normalidad: “La Generalitat mantiene contactos cuando hay oportunidad de inversión”, como hace la Unión Europea, explican, y reiteran que primero deben revisar la situación de la empresa: “Si es viable financieramente, la propondremos”.
El conseller de Hacienda, Vicente Soler, explicó en la presentación en rueda de prensa que el pleno del Consell aprobó este viernes el Decreto-Ley para aprobar el que se crea este fondo, que se articula como un instrumento financiero de carácter “excepcional” y carente de personalidad jurídica para “incrementar la resiliencia de las empresas valencianas”. En prinicipo, explicó, está previsto dotarlo con 10 millones de euros, aunque el presupuesto para 2021 no está cerrado. De confirmarse la operación, Puig se marcaría un tanto atrayendo una inversión a una comunidad socialista que huye del bastión de los populares en España.