La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat para que se persone en la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula Uno en València y por la que se investiga, entre otros, al expresident Francisco Camps.
La consellera María José Salvador ha remitido ese escrito después de que ayer el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia citara a declarar a Camps y otros exaltos cargos investigados en el procedimiento judicial abierto por las adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat GTP.
Esas adjudicaciones se refieren a los contratos relativos a las obras de “conexión de la Alameda-Avenida Francia-Puerto y acondicionamiento de la Marina Real” dentro de las obras para la realización del Gran Premio de Fórmula Uno en València, según informa la Generalitat en un comunicado.
La Conselleria remitió en 2017 a la Guardia Civil toda la documentación solicitada por la Fiscalía en relación con estos asuntos.
Se acreditaban, además, los posibles justificantes de los gastos abonados por la Generalitat al exconseller Mario Flores y al ex secretario autonómico Victoriano Sánchez Barcáiztegui con motivo del viaje realizado en 2008 a Dubai y Baharein con visita al circuito de Fórmula Uno.
La Generalitat “debe cumplir con su obligación”
Según Salvador, “la Generalitat va más allá y no solo ha cumplido con su obligación de colaboración con la justicia sino también debe cumplir con su obligación de defender el interés público de los valencianos en una causa que está siendo investigada y por la que la Administración pagó 100 millones de euros”.
La consellera ha señalado que las obras de la construcción del circuito de la Fórmula Uno en València costaron 100 millones de euros solo a la Conselleria, de los cuales hay un crédito de sesenta millones que se empezó a amortizar en 2016 a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023.
Por todo ello, la Administración autonómica se personará en esta causa con el “objetivo primordial” de “intentar recuperar la mayor parte de los fondos públicos que hayan podido resultar sustraídos del erario público de la Generalitat”.