La implantación de las energías fotovoltaicas tensiona el Acuerdo del Botánico

En el Pacto del Botánico hay tantas formas de impulsar la transición energética como representantes que lo integran. La falta de un modelo común para la implantación de energías renovables, especialmente en lo que a paneles fotovoltaicos se refiere, hace que la Comunitat Valenciana se encuentre a la cola del Estado, mientras los socios del Gobierno formado por PSPV, Compromís y Unides Podem encuentran fuertes discrepancias.

Las diferencias para afrontar la transición energética estuvieron a punto de dinamitar el decreto del Consell para hacer frente a la crisis energética acrecentada por la guerra de Ucrania, que finalmente salió adelante en abril, con un posterior acuerdo político entre los grupos parlamentarios. En la contrapartida para validar el decreto del Ejecutivo, los grupos del legislativo suscribieron un compromiso para modificar algunos requisitos a través de las leyes de Cambio Climático y de Economía Circular y la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y se aprobará en el último pleno de diciembre.

El texto incluía impulsar la Agencia Valenciana de Energía, un ente público con capacidad de comercializar energía procedente de fuentes renovables. El acuerdo, uno de los primeros que suscribió la síndica del PSPV, Ana Barceló, establece en su primer punto: “La creación de una Agencia Valenciana de la Energía que entre sus funciones contemple crear o participar en sociedades mercantiles, con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo”. Pese a ello, los socialistas ya han dudado con anterioridad sobre la idoneidad del instrumento.

La Agencia, una cuestión escurridiza para los socialistas, parece ahora lejos de materializarse. Este jueves, al cerrarse el plazo de enmiendas para la ley de Acompañamiento, Unides Podem y Compromís registraban sin los socialistas las modificaciones que trasladarían lo acordado en mayo, tanto la creación de la comercializadora como los nuevos mecanismos reguladores, que dan más poder a los ayuntamientos para ordenar un procedimiento. Las condiciones implican que los ayuntamientos elaboren una prelación -un ranking- de suelos disponibles para los proyectos de los promotores. Los socios del PSPV reclaman al partido mayoritario que cumpla con su parte, especialmente con la activación de la Agencia Valenciana de Energía, una cuestión que los socialistas quieren replantear. Para el PSPV la medida requiere de una legislación específica y los nuevos requisitos que plantean sus socios retrasarían una cuestión que ya va demasiado lenta. La portavoz de los socialistas ha señalado: “Estamos alineados con Europa y con el Gobierno de España”. Y ha defendido: “No podemos cambiar las reglas del juego a mitad de partida”. Por eso ha detallado: “Aceptar la propuesta que pusieron sobre la mesa nuestros socios supondría un retroceso para todos los proyectos que están en marcha, pues plantean que tenga efecto retroactivo”.

Desde Presidencia de la Generalitat se ha reclamado a las conselleries implicadas en la tramitación de proyectos medianos -los superiores a 50 megavatios son de competencia estatal-, Economía, Territorio y Transición Ecológica, celeridad en la resolución de expedientes, que responde a una política marcada por el Gobierno central. Es decir, que si no se cumplen los plazos -y buena parte vencen en enero- decaen las autorizaciones y se requiere volver a empezar. El presidente, en un acto este domingo, volvía a insistir en la cuestión: “O a favor de las energías renovables o de los combustibles fósiles”. Es una posición compartida por otros miembros del Ejecutivo autonómico, que creen que el cambio de modelo va demasiado lento. Por palabras similares fue cesada, a petición de la vicepresidenta Aitana Mas, la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, cuyo equipo, de Iniciativa -la rama ecovalencianista de Compromís- sigue advirtiendo de las consecuencias de no llegar a tiempo de un imperativo europeo en medio de una crisis energética global, ante el reproche de sus compañeros de Més, la rama más soberanista. En el seno de la coalición valencianista se plantea la dicotomía transición ecológica versus protección del territorio, que en Unides Podem también asumen, alertando de la posible especulación con las renovables.

En la sesión de control al presidente de este jueves, Compromís reprochará a Puig el desplante de su formación con la agencia, exhibiendo lo que considera una contradicción. Acelerar qué según qué momento. Su portavoz, Papi Robles, ha avanzado que la pregunta parlamentaria será: “¿Cree el presidente de la Generalitat que hay que cumplir los acuerdos firmados?” con especial hincapié en la comercializadora pública. Los valencianistas y la coalición de izquierdas instan a sus socios a validar las enmiendas que no han firmado, que incluyen una serie de restricciones a los proyectos de renovables en aras de obtener una mayor soberanía municipal. Robles expresaba el viernes, tras conocerse la división en las enmiendas, que “la creación de la agencia era un punto fundamental del Acuerdo por la Soberanía Energética entre de los grupos del Pacte del Botànic, puesto que supondría contar con un instrumento más para luchar contra el cambio climático y reducir la factura de la luz de la ciudadanía”.

Ferran Martínez, diputado de Unides Podem, advertía antes del debate a la totalidad de la ley de Acompañamiento, este lunes, que sus enmiendas responden al acuerdo de mayo y que “hay que seguir negociando y el PSPV debe cumplir y garantizar que estas energías no fósiles se implantan de manera racional, cuidando al medio ambiente y el territorio, mientras que las valencianas acceden de una manera más accesible a la energía, incluso a través de organismos propios como la Agencia Valenciana de la Energía”.

El acuerdo de mayo

El texto rubricado por los tres grupos establece que la Generalitat Valenciana debe fomentar las cooperativas energéticas, las instalaciones de autoconsumo y la preferencia de instalaciones en suelo urbano y urbanizado, para evitar un boom especulativo de plantas solares. Además, compromete a impulsar instrumentos participativos. La matriz del texto apunta al “establecimiento de una prelación de los suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parque eólicos en zonas urbanas, industriales y en suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio”.

Un maremágnum de regulación

En los últimos años el Ejecutivo formado por PSPV, Compromís y Unides Podem ha impulsado instrumentos legislativos y un amplio paraguas regulatorio para ordenar la descarbonización de la economía, con la ley de cambio climático en marcha, varios decretos aprobados, instrumentos de planificación urbanística y ayudas directas. En materia de autoconsumo, la Comunitat Valenciana ha autorizado este año un tercio del total de instalaciones existentes y se invertirán 5 millones de euros en ayudas para seguir en esta línea en el próximo año, según indicó Puig en una sesión de control. Pero en el grueso del sistema apenas se han instalado 50 megavatios de potencia en la última legislatura, una cantidad que queda a años luz de los objetivos deseados, con el cierre de la central nuclear de Cofrentes en el horizonte de final de década. La central nuclear tiene una potencia estimada de 1.100 megavatios y algunas estimaciones apuntan que serían necesarios 4.000 megavatios de instalación de renovables para sustituir sus reactores. Valencianistas y morados insisten en potenciar las instalaciones de autoconsumo, que los expertos consideran insuficientes para la energía consumida actualmente.