La soberanía energética valenciana, a debate en las Corts

El macrodecreto de medidas energéticas para hacer frente la crisis derivada de la guerra de Ucrania se ha topado con más escollos de los esperados. El decreto, que tras una amplia discusión tuvo que volver a pasar por el Consell para corregir algunos errores señalados por la Abogacía de la Generalitat, no ha terminado de consensuarse entre las formaciones que componen el Acuerdo del Botánico. La medida que aprobó el Ejecutivo autonómico hace un mes se enfrenta en la sesión parlamentaria de este miércoles y jueves a su debate y validación; un punto en el que el proyecto puede ser aprobado con la redacción actual, ya en vigor, o tramitado como proyecto de ley y someterse a las enmiendas de los grupos parlamentarios.

El decreto pretende “eliminar trabas burocráticas y convertir a la Administración en aceleradora de la transición energética”, uno de los objetivos alineados con el eje de lucha contra el cambio climático del Acuerdo del Botánico. En la exposición de motivos, el texto apunta que “los 315 proyectos de energías renovables que ahora mismo se encuentran en fase de tramitación (autonómica y estatal) supondrían una potencia instalada de cerca de 10.000 Mw suplementarios, entre energía solar y eólica. Esa potencia permitiría superar la actual dependencia energética del exterior que sufre la Comunitat Valenciana”. El texto que emana del Ejecutivo autonómico pretende acelerar la tramitación de proyectos de renovables, atascados en la administración por la falta de funcionarios para poder tramitarlos, pero se ambiciona un objetivo mayor: “Tender, en los próximos cinco años, hacia la soberanía energética de la Comunitat Valenciana”.

La cuestión es que lo importante y lo urgente no siempre caminan en el mismo sentido y que, en ocasiones, las acciones urgentes pueden desviar las que resultan importantes. La emergencia, que es un concepto que se adapta mal al parlamentarismo, esconde cuestiones que para los socios del Consell no son del todo aceptables y que contradicen otros objetivos. Compromís y Unides Podem consideran que el decreto soluciona la parte urgente de la crisis, resolviendo el atasco en la tramitación de licencias para obtener fuentes energéticas más sostenibles, pero reclaman un debate más amplio sobre cómo conseguir reducir la dependencia energética de países terceros.

Los valencianistas abogan por un marco legislativo amplio estructural que permita avanzar hacia la soberanía energética a largo plazo. Para ello presentaron una proposición no de ley al PSPV y Unides Podem con la que crear una agencia pública de energía que se erija como agente frente a los oligopolios de las empresas energéticas. En Unides Podem, que ha asumido las opciones más críticas de los ecologistas frente a las macroplantas fotovoltaicas, insisten en tres puntos: autonomía municipal, protección del territorio, preferencia en los proyectos y la creación de la Agencia Valenciana de Energía. Los socios del PSPV recelan de las intenciones del decreto y se preguntan si la avalancha de licencias para plantas fotovoltaicas puede ser equivalente al boom del ladrillo y está despertando el interés de especuladores. Frente a ello, piden garantías a sus socios de que los municipios podrán tener cierto control sobre las decisiones en sus territorios.

En la rama socialista del Acuerdo del Botánico creen que el decreto ya pasó por la fase de negociación pertinente y defienden el texto con su redacción final. No obstante, la nueva síndica del PSPV, Ana Barceló, continua negociando con el resto de grupos para llevar al pleno una propuesta que contente a todas las partes. Los grupos parlamentarios apurarán el margen hasta el jueves para pactar el modelo energético de los próximos cinco años.