Se incrementa un 61% en cuatro años el número de usuarios de la renta garantizada de ciudadanía
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la gestión que en estos tres años ha hecho el Consell del Botànic de la renta garantizada de ciudadanía ha logrado cifras récords de 51.247 personas destinatarias, un 61% más que las que había en 2013, uno de los peores años de la crisis.
Oltra ha recordado que el próximo 23 de abril entra en vigor la nueva renta valenciana de inclusión, que mejorará el acceso a la prestación y la amplía la cuantía, y es el momento de hacer balance la ayuda garantizada de ciudadanía, que en estos tres años ha tenido una aplicación “mucho más eficiente” de la que hizo el antiguo gobierno, que fue el que la creó.
En este sentido, ha explicado que en el año 2013, cuando la crisis económica “golpeaba más fuerte a las personas”, los destinatarios de la renta garantizada eran 31.886; una cifra que llegó a los 40.469 en 2014 y que en 2015 con la llegada del Consell del Botànic, en menos de 6 meses de gestión se llegó a los 42.247 destinatarios. Esta cifra ha seguido creciendo en los años siguientes, y así en 2016 se llegó a las 50.198 personas destinatarias y durante el año pasado la cifra creció hasta las 51.274.
Los datos de la gestión de estos últimos 3 años demuestran, según el Consell del Botànic, afirman que se está cumpliendo con su compromiso de “revertir el abandono de la renta por parte del antiguo gobierno” y evidencian una “marcada mejora” tanto en la gestión como en la implementación de la ley.
Otro dato que refleja la mejora de la gestión, tal y como afirma la vicepresidenta del Consell, es el crecimiento constante en los tres años del Consell del Botánic de las prestaciones concedidas y que en términos generales ha supuesto un 43,4% más respecto a 2015, puesto que el pasado año se concedieron un total de 27.252, frente a las 23.174 de 2016 y las 18.997 de 2015.
Para Oltra, este aumento en el número de prestaciones concedidas se debe a que el ritmo de gestión de las renovaciones de las ayudas es “mucho más ágil que antes”, lo que permite que muchas personas puedan cobrar “2 o 3 prestaciones al año”, favoreciendo así “una mayor continuidad de la prestación, proporcionando estabilidad a las personas”.
Al respecto, ha destacado los 131.559.889,53 euros que la Conselleria ha pagado en prestaciones durante los últimos tres años, y también ha puesto en valor que la línea tuvo a lo largo del ejercicio 2017, 4 incrementos presupuestarios hasta alcanzar los 57,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en 2014 donde la renta tenía un presupuesto de 22,7 millones de euros.
Mejoras en tres años
Oltra ha reivindicado la labor que se ha hecho en estos tres años para terminar con los retrasos que se acumulaba en el pago de esta prestación, y al respecto ha indicado que nada más llegar al Govern, concretamente en julio y en noviembre del 2015, la Conselleria aprobó sendas modificaciones presupuestarias que ascendían a un total de 2,4 millones de euros.
Entre los esfuerzo hechos, también ha resaltado la creación de nuevos puestos de funcionariales en las territoriales para intentar atender y reducir “el insostenible número de solicitudes no atendidas, de manera que en pocos meses, se logró reducir hasta los 15.545 la lista de espera.
Asimismo, ha recordado la decisión de considerar la renta como un derecho subjetivo, y la consiguiente declaración de esta partida presupuestaria como crédito ampliable, además de la aprobación de un decreto ley para agilizar trámites.
El decreto, además de agilizar los trámites administrativos, también considera a las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria centros de atención directa,y que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.
Igualmente, mediante el decreto, los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en las direcciones territoriales pasaron a tener la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.
