El Gobierno valenciano prepara un recurso de inconstitucionalidad ante el planteamiento de Junts per Catalunya para sancionar a las empresas que no retornen su sede social a la autonomía. Según los datos de la Generalitat Valenciana, son 976 las compañías que se han trasladado desde la comunidad vecina en 2017, cuando comenzó el 'procés', entre ellas el Banco Sabadell y Caixabank, las dos únicas valencianas que cotizan en el IBEX.
Ante la propuesta de Junts, aún en fase embrionaria, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha iniciado una ronda “personal” de contactos con algunas compañías y ha arrancado un plan de estabilización para estas mercantiles, a través de lo que denomina el apoyo fiscal. En un desayuno informativo, el jefe del Consell ha calificado la propuesta de Junts como una “extorsión” a las empresas que han decidido cambiar su sede social.
El dirigente popular afirma que la Generalitat defenderá las empresas con medidas económicas y con los mecanismos legales de la Abogacía General de la Generalitat para incluso “interponer de manera urgente un recurso de inconstitucionalidad claro y evidente frente a esta vergüenza”. A su juicio, la propuesta demuestra que “el nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión”. En la misma línea, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha prometido “proteger a toda empresa valenciana que se haya instalado aquí por todas las vías” y ha puesto el Ayuntamiento a su disposición.
Preguntado por si ha contactado con empresas como Caixabank, que instaló su sede social en València tras el 'procés', ha asegurado que en los últimos días mantiene un “intenso diálogo” con muchas compañías llegadas desde Cataluña, no solo las financieras: “Conversaciones muy fructíferas para su permanencia, desarrollo e incluso para la llegada de nuevas” empresas, ha apuntado Mazón.
El PP presenta una propuesta en Corts
En paralelo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno central a no establecer sanciones ni beneficios fiscales para que regresen las empresas a Catalunya. El síndic del PP, Miguel Barrachina, pide que “el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras”. Para el PP, en Junts están “saltándose la Constitución Española, los tratados de la Unión Europea y el sentido común, porque implican ”privilegiar unos territorios frente a otros“ y ”nos sitúan fuera del marco europeo que implica la libertad de circulación y establecimiento sin que haya posibilidad de establecer distorsiones de forma arbitraria“, a través de este planteamiento.
Los populares quieren que el resto de grupos se posicionen en este sentido en las Corts Valencianes, pero también exigen a representantes socialistas como el senador Ximo Puig, la ministra Diana Morant y el diputado Alejandro Soler que no apoyen esta medida si finalmente se materializa.