La Mesa de las Corts se niega a que Vox reformule una propuesta para “expulsar a todos los inmigrantes ilegales” apelando a la libertad de expresión

La Mesa de las Corts Valencianes se niega a que Vox reformule una propuesta en la que reclama la “expulsión de todos los inmigrantes ilegales” mientras exige a Compromís que retire una iniciativa sobre las sospechas de financiación del partido de ultraderecha. El órgano de gobierno del Parlamento valenciano, presidido por la ultraderecha y con mayoría conservadora, admite a trámite una propuesta de Vox con tintes xenófobos, que vincula la inmigración con la delincuencia, y asegura que “en España la situación ha superado cualquier límite posible”.

El texto presentado por Vox carga contra el presidente del Gobierno y las ONG de ayuda humanitaria. Según la redacción de Vox, “Pedro Sánchez y su gobierno han sido aliados y promotores de todas estas políticas globalistas y del multiculturalismo que sufren directamente los españoles en sus barrios y ciudades con el aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la entrada de culturas incompatibles con la nuestra”.

En la última reunión del órgano el PSPV reclamó que se redactara nuevamente la iniciativa, señalando que algunas expresiones podrían fomentar el odio contra el colectivo migrante, pero la mayoría conservadora rechazó la petición. La derecha se amparó en el derecho a la libertad de expresión para dar cabida a ideas como “no podemos tolerar que ningún Estado promueva oleadas masivas de inmigrantes ni use estas como arma diplomática” o denunciar una supuesta “invasión inmigratoria”. “Todos los españoles están pudiendo ver las imágenes de cómo son reubicados por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control”, dice la iniciativa, a propósito de la llegada de varias embarcaciones a Canarias en las últimas semanas.

La redacción de la propuesta ahonda en la distinción xenófoba entre migrantes buenos y migrantes malos, que atribuye a los permisos de residencia: “Los inmigrantes que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo de la nación que les acoge son también víctimas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales promovida por las élites”.

En la exposición de motivos, Vox dice que se utilizan de manera fraudulenta las figuras jurídicas de arraigo y asilo y plantea la suspensión de la cooperación al desarrollo con países como Senegal, de donde provienen las personas que recientemente han llegado a Canarias, así como “llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo”.

La Mesa, que preside la ultraderechista Llanos Massó gracias al apoyo del PP, se ha amparado en la libertad de expresión para que la formación presente la iniciativa tal como consta, pero dos semanas atrás exigió a Compromís reformular una propuesta que consideraba ofensiva. En concreto, el texto que registró Isaura Navarro, abordaba las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Vox, cuyo gerente ha cesado. El ente fiscalizador advierte de irregularidades en la financiación del partido de ultraderecha, que ha traspasado casi siete millones de euros al think tank dirigido por Santiago Abascal en cuatro años.

En un rescrito remitido a la parlamentaria, el secretario de la Mesa le informa de que se ha considerado que “en la exposición de motivos de la iniciativa se realizan manifestaciones que pueden ser ofensivas para el decoro de personas y entidades”. El organismo le indica que vuelva a redactarla y presentarla de nuevo antes de que la Junta de Portavoces la tome en consideración para el debate en las Corts Valencianes.

Más adelante, a petición de la diputada, que considera vulnerados sus derechos, la Mesa indicó que se hace alusión a “posibles irregularidades administrativas o constitutivas de delito (...) sobre las que no ha recaído sentencia judicial firme”. La iniciativa pide que las Corts debatan “sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de financiación de partidos políticos y las fundaciones vinculadas”, aludiendo a la formación de ultraderecha, y recordando que “ninguna de estas normas ha impedido que en 2018 el PP fuera condenado como partido por participar a título lucrativo de la trama Gürtel”.