“Esta gente no puede ganar. Es una cuestión política de defensa democrática. Porque si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera”. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, está dispuesta a aguantar el pulso político que ha derivado en su imputación. La dirigente de Compromís y número dos del Gobierno valenciano defiende que la investigación que afecta a su conselleria, por la que tendrá que acudir a declarar, es una “cacería política de la extrema derecha”, puesto que la querella que la origina parte del abogado que lidera la agrupación ultra España 2000 y una cofundadora de Vox, formación que se ha personado en la causa.
La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sido citada a declarar como investigada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano el próximo 6 de julio, en el marco de la gestión de su conselleria ante la denuncia de abusos de una menor por la que ha sido condenado su exmarido, entonces educador en un centro de menores. El TSJ la cita considerando que se dan “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (...) o bien proteger la carrera política de la aforada”.
Pese a la investigación, la dirigente valenciana asegura que no dimitirá. Ni en esta, ni en ninguna fase procesal. “Lo único que cambia tras la imputación es que podré explicarme ante los jueces”, manifestó en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo del viernes. “Soy coherente. Mi postura es ética, estética y política, no es una postura personal, que es lo que me ha caracterizado siempre”, reafirmó Oltra. En lugar de apartarse como exige la oposición, la número dos del Consell protagonizará un acto con su coalición este sábado, una intervención de reafirmación política con la que dan por iniciado el camino hacia las elecciones. Bajo el lema 'cap al tercer Botànic' (Hacia el tercer Botánico), que hace referencia al acuerdo de Gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem, intervendrán la vicepresidenta junto a dirigentes de la formación como el diputado en el Congreso, Joan Baldoví.
La vicepresidenta y su formación mantienen la tesis del lawfare, concepto anglosajón que define un aspecto de la judicialización de la política, una acción para incidir en el Ejecutivo y el Legislativo que se realiza plantando batalla en los tribunales. En esta línea, consideran que las decisiones que tome deben tener en cuenta el plano de la batalla ideológica. Si se va, sostienen, gana la extrema derecha. “Es una cacería política de la extrema derecha. Lo pueden ver en las redes, esto no tiene que ver con hacer justicia”, insiste la vicepresidenta, que en su comparecencia ha leído algunos mensajes del abogado que ha presentado la querella. “Me supo mal, y no lo olvidé, que me llevaras al banquillo por ponerte el Viva España” o “me la voy a follar sin tocarle un pelo. A ver si me dan una medalla”, con una noticia adjunta sobre el procedimiento judicial. “Este señor vino a mi casa a amedrentarme a mí y a mis hijos con una máscara de película de terror”, ha detallado Oltra, recordando la denuncia que interpuso.
La presión a la vicepresidenta llega por varios frentes. El judicial, con una imputación que formaba parte del calendario procesal y de la que se defenderá en los tribunales, pero también la política, que se da en el Parlamento autonómico en las sesiones de control, con la derecha azotando continuamente al Consell por este caso, y en las intervenciones públicas que realizan los miembros del Ejecutivo. Sus compañeros de partido ratifican su “confianza absoluta” en ella y abogan por analizar la cuestión política “colectivamente”, como ha reclamado el alcalde Joan Ribó, pero desde las filas socialistas se insta al president Ximo Puig a analizar profundamente la cuestión.
El jefe del Consell descartaba este viernes tomar ninguna decisión en este momento y explicaba: “Creo que la vicepresidenta ha dado muchas explicaciones en todo momento, en sede parlamentaria, en los medios de comunicación... Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico, y ahora es un tiempo de reflexión”. “Los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no coinciden muchas veces, y ahora hay que reflexionar y tomar decisiones”, sostenía Ximo Puig.
En las últimas semanas se repite la duda de si puede aguantar como portavoz del Gobierno una dirigente investigada, provocando que en cada aparición pública se les pregunte desde periódicos, radios y televisiones por esta cuestión a todos sus miembros, desviando la atención de las medidas del Ejecutivo valenciano. Y preguntada por esta cuestión, en más de media decena de ocasiones este viernes, la dirigente se ha mostrado tajante: “La presión se aguanta. Si no, te dedicas a otra cosa”. “Me presiona más acabar con la lista de espera de dependencia” o los decretos que desarrollan la acción de Gobierno; “La presión está en hacer bien el trabajo”, ha insistido.
Oltra vincula las preguntas y las acusaciones al marco político, aunque también se le ha preguntado por el plano personal. Interpelada por si “vale la pena” el desgaste desde hace dos años, reiteraba: “Ni me lo planteo. Y si lo hago, no creo que tenga obligación de compartirlo. Esto es una cuestión política. Cuando uno tiene unas convicciones, y mi trayectoria política lo avala, ha de saber aguantar las presiones”. Si se lo hacen a ella, sostienen en su formación, se lo pueden hacer a todos.