El Parlamento valenciano aprueba por unanimidad la rebaja fiscal de Ximo Puig
No gustaba a nadie y al final la aprobaron todos. El Parlamento valenciano ha validado este jueves la rebaja fiscal a las rentas medias y bajas impulsada por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que causó un terremoto político con su anuncio el pasado septiembre. El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este jueves la convalidación del decreto-ley del Consell, aprobado junto al anteproyecto de medidas fiscales y en el marco de la negociación presupuestaria, que rebaja el IRPF de este año a quienes ingresen menos de 60.000 euros anuales.
La medida ha salido adelante por unanimidad, una anomalía en la última legislatura, desde la entrada de la extrema derecha en las Corts Valencianes. El dirigente socialista, que presentó una medida que ni entusiasmaba a sus socios de Gobierno (Compromís y Unides Podem rechazan las rebajas fiscales en tiempos de crisis y negociaron una contraprestación), que causó malestar en Moncloa y que fue considerada insuficiente por la derecha, ha conseguido que después de tres meses de debate todos los grupos voten a favor. PP, Ciudadanos y Vox, pese a las críticas que mantiene a la propuesta, han aceptado una medida del Ejecutivo del Pacto del Botánico que tendrá impacto en la próxima declaración de la renta de 1,5 millones de personas en la Comunitat Valenciana. El dirigente socialista ha puesto en valor el acuerdo tras la sesión parlamentaria: “En momentos de dificultad, política útil y unidad”, ha escrito en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía con todos los marcadores de voto en verde.
La rebaja del IRPF forma parte de una reforma fiscal que se desarrollará en dos tandas. La primera, que acaba de ser validada, tendrá carácter retroactivo a efectos del 1 de enero de 2022, e implica una modificación de la cuota del tramo autonómico del impuesto sobre las rentas del trabajo, la creación de un nuevo tramo y el aumento de las desgravaciones hasta el máximo legal. Tendrá un impacto de entre 150 y 180 millones de euros para las arcas públicas y supondrá un ahorro medio de 111 euros por declarante.
La segunda parte llegará en el proyecto de ley de presupuestos, que será debatido en las Corts el 21 y 22 de diciembre. Esta fase incluye un aumento del impuesto de patrimonio para los tramos superiores y un aumento del impuesto para la compra de viviendas superiores a un millón de euros, que pasará del 10 al 11%. Los efectos de esta medida se verán reflejados en 2024 -donde se declaran los ingresos y transferencias de 2023, año en el que entrará en vigor la ley- y se estima un impacto de unos 50 millones de euros de aumento en la recaudación.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha criticado que “los socialistas hacen dos cosas: machacar a impuestos a los valencianos y engañarles constantemente”, y ha asegurado que la rebaja solo tendrá un impacto de 64 euros anuales -los cálculos de la Generalitat apuntan una media de 111 euros por contribuyente-, mientras que en Ciudadanos insisten en rebajar también el impuesto de Sucesiones en la empresa familiar, que ya está bonificado al 95% y vox critica que sea una “rebajita” fiscal, una “limosna” para los valencianos.
Por parte de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico reconocen que no es su proyecto ideal, pero alaban la mejora de la progresividad fiscal. Carles Esteve, de Compromís, Carles Esteve considera que la reforma fiscal situará a la Comunitat Valenciana como el territorio del Estado con “la fiscalidad más progresiva de todas”, mientras Ferran Martínez, de Unides Podem, recalca que “reducir la carga a los que menos tienen al mismo tiempo que se mejora la progresividad y se pide un pequeño esfuerzo a los que más tienen”. En el grupo socialista se vanaglorian de haber sacado el debate de la fiscalidad del marco de la derecha y, en palabras del diputado José Muñoz, “la gran mayoría” de valencianos podrán “levantarse más aliviados” cuando se aplique.
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