Los partidos del Pacto del Botánico buscan una reforma fiscal que rebaje la presión sobre rentas bajas sin beneficiar a las grandes fortunas

Elaborar una propuesta tributaria acorde a unas previsiones económicas en un contexto de inestabilidad permanente es como hacer encaje de bolillos. Hacerlo en una coalición con tres miradas distintas, añade dificultad. El Gobierno del Pacto del Botánico tiene por delante dos meses y medio para elaborar las cuentas públicas que durante 2023 sirvan para hacer frente a las múltiples crisis que conviven -el impacto de la sanitaria, la energética, la climática y la económico-social que se alimenta de ellas-, y que sean la base para asegurarse revalidar el mandato en las urnas, con los comicios de primavera.

Para ello, el Ejecutivo necesita ajustar sus previsiones de ingresos a las de gastos, en un año en el que la inversión pública resulta tan crucial como encontrar la fórmula para que las familias, buen número de ellas al borde de la exclusión según los informes, no sobrepasen esa línea. Aunque el Ejecutivo aboga por dar respuesta a la crisis con una mirada expansionista, es en los detalles, cuando se observa con la lupa, donde aparecen las divergencias. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado lunes la intención de elaborar una reforma fiscal que mitigue el impacto de la subida de precios, con un aumento de un 10% en el último año, al que se suma la subida de tipos de interés bancario y el desorbitado precio de las energías básicas. Durante la semana, el presidente de la Generalitat fue deslizando que la propuesta afectará a las clases medias y bajas, atenderá a los principios de progresividad del sistema y sería una “ampliación” de la primera reforma que puso en marcha el Pacto del Botánico, con Vicent Soler como conseller de Hacienda. En resumen, que “no tiene nada que ver con las reformas regresivas que plantea el Partido Popular”.

El pasado sábado el Consell celebró su XIII seminario de Gobierno en Alcoi, donde, según informó Puig, se llegó a un acuerdo para esta revisión tributaria, todavía sin más concreción. A Compromís y Unides Podem no les gusta la retórica de la reforma fiscal, un término del que se ha apropiado la derecha, que hace bandera constante de la rebaja de impuestos. Cada vez que el PP o Ciudadanos reclamaban una bajada de impuestos apelando al término, la bancada socialista, especialmente el exconseller de Hacienda Vicent Soler, recordaba que el Ejecutivo puso en marcha en 2016 una reforma fiscal de carácter progresivo para que las clases bajas pagaran menos impuestos y las altas aumentaran su aportación al erario público. La rama socialista del Gobierno parece querer reapropiarse del término y desterrar del imaginario colectivo que la reforma fiscal sea algo vinculado a reducir impuestos en abstracto, especialmente los que benefician a las grandes mercantiles y a las clases altas.

Los valencianistas y la coalición de izquierdas prefiere hacer énfasis en el escudo social y no entrar en marcos teóricos que, creen, favorecen a la derecha. El debate, además, empaña la toma de decisiones de otras medidas que llevan años pululando por el Parlamento autonómico, como la tasa turística -ya registrada como proposición de ley- o la tasa a las bebidas azucaradas. La coalición Compromís, que gestiona la Dirección General de Tributos, trabaja en adaptar los tramos autonómicos y las tasas a la inflación, buscando la fórmula de que el incremento de costes no se traslade en presión fiscal para las rentas más bajas, reequilibrando el esfuerzo según capacidad económica. La dificultad viene por el diseño del sistema tributario: el IRPF funciona por tramos, como una pirámide invertida -paga menos quién más abajo está-, ergo, una bajada en el tramo base tiene impacto en los escalones que van por encima. Una idea que se ha deslizado para evitar este beneficio colateral es la de aumentar el tramo exento del IRPF en lugar de cambiar los porcentajes, el peso del tributo.

La coalición valencianista aún no conoce en profundidad la propuesta tributaria, que viene trabajando el conseller de Hacienda, Arcadi España, con los expertos en materia de financiación autonómica y de la reforma tributaria que asesoran al Consell, pero sí incide en que en ningún caso apoyarán una bajada general de impuestos o una revisión de los tributos de patrimonio, sucesiones y transmisiones, de carácter autonómico. A esta propuesta hay que sumar la bajada de tasas en educación, transporte y otros ámbitos que ya se ha aprobado con los decretos de emergencia, que se plasmarán de nuevo en la ley de Acompañamiento, cuya tramitación empezará en octubre.