El PP valenciano apoya una propuesta de Vox para realizar pruebas de edad a los menores migrantes tutelados

La ultraderecha sigue inmersa en una ofensiva contra la migración, bajo el argumento de la inseguridad, y se empeña en plantear el apoyo a las personas migrantes como una línea roja para apoyar a los gobiernos del PP. En el último pleno de las Corts Valencianes Vox ha vuelto a poner sobre la mesa esta cuestión para marcar posiciones ante el PP, y en esta ocasión, como sucedió con el cobro de las tasas portuarias a barcos humanitarios, sí ha obtenido el apoyo del partido de Carlos Mazón.

El PP, valenciano, que gobierna en minoría en la Comunitat Valenciana, ha votado a favor de una propuesta de Vox para realizar pruebas de edad a los menores migrantes. Los populares valencianos habían dejado a los ultras solos en otras medidas de tinte xenófobo, como en las que pedían la expulsión de los migrantes irregulares, deportaciones masivas o cierre de fronteras, pero en esta ocasión han aceptado su planteamiento. En vísperas de la negociación presupuestaria y en el marco de otras medidas claves para el Consell, como el Plan Simplifica, los populares han apoyado una proposición no de ley que implica “realizar a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de la Generalitat pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible”. Entre estas pruebas, piden que se les realicen radiografías de la cadera -en concreto, la cresta de ilión, un ala de la pelvis-.

El partido de ultraderecha asegura que “de 25 reconocimientos médicos hechos en Valencia solo 2 son menores, 3 dudosos y 20 mayores de edad” e insiste en dudar de la edad de los menores migrantes, a quienes denomina “menas”. En la iniciativa, reconocen que se trata de una medida para impulsar las deportaciones: “La determinación de la mayoría o minoría de edad es sumamente importante al desprenderse de esta determinación el ámbito de los derechos de los extranjeros que entran ilegalmente en territorio nacional”, apuntan. La ultraderecha asegura, sin indicar la fuente de los datos, que “el coste para mantener a cada mena en la Comunitat Valenciana es de 200 euros diarios, y cuesta aproximadamente 96.200 euros diarios mantener a los casi 500 menas de la Comunitat Valenciana, coste que supera los 35 millones de euros anuales”, pero omite cuál sería el coste de efectuar radiografías a todos estos menores, como pretende el texto. La supuesta cifra es ínfima teniendo en cuenta que el presupuesto de la Generalitat Valenciana en 2024 es de 29.732 millones de euros.

Durante el debate de la propuesta, el PSPV-PSOE y Compromís, que han votado en contra de la misma, tildaron la medida de “racista” y han acusado a Vox de “fomentar el odio y el miedo” hacia las personas migrantes. Isaura Navarro, de Compromís, apuntó que las pruebas que reclaman están “cuestionadas por los expertos porque no son concluyentes” y que el racismo “es un pecado”. “Después se confiesan y todo bien”, ironizó. Por su parte, Alicia Andújar, del PSPV, les espetó que “son unos racistas” y “van a acabar castigados en el infierno”, apelando a la sensibilidad cristiana de la derecha.

El portavoz en las Corts, José María Llanos, dijo que es una cuestión “de sentido común” y ha subrayado la “suma importancia” de la misma porque determina “el ámbito de los derechos” de las personas que “entran ilegalmente en territorio nacional”. “Queremos saber a qué han venido los que ilegalmente se hacen pasar por menores cuando son mayores”, insistió. Desde el PP, Lucía Peral insistió en que “no es el mismo” tratamiento el que hay que dar a menores y a mayores de edad, porque los primeros tienen que estar tutelados por la Administración. La diputada garantizó que la Generalitat “no va a abandonarles” y va a “cumplir con la legalidad” por “humanidad”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España recursos para hacer frente a la llegada de migrantes.