El pleno de las Corts Valencianes ha convalidado este miércoles el decreto ley de la Generalitat Valenciana que reduce la transparencia de los llamados proyectos estratégicos. El texto, cuestionado por la Abogacía, modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para que no sea obligatorio que las inversiones industriales consideradas de interés sean públicas en su fase previa. La nueva norma que emana del Consell establece que será el Ejecutivo quien evalué caso a caso si se lleva a cabo o no la consulta pública previa, cuando concurran importantes razones de interés público.
La convalidación ha salido adelante con los votos a favor de los grupos que sustentan al Consell (PP-Vox) y en contra de la oposición (PSPV y Compromís), que considera que los cambios en la LOTUP perjudicarán la ordenación del territorio. El informe de la Abogacía recuerda que la consideración del proyecto estratégico exige la valoración previa del cumplimiento de los objetivos, principios y criterios de la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, el instrumento territorial vigente. “La exención del trámite de consulta pública respecto a los proyectos territoriales estratégicos debe ser interpretada, como toda excepción, con carácter restrictivo”, dice el texto. La valoración debe “necesariamente” concluir con un informe en el que se justifique la “adecuación y compatibilidad con la estrategia” del proyecto presentado.
El decreto-ley 14/2023 también prorroga las bonificaciones y gratuidad temporal de tarifas de transporte público de la Generalitat por un periodo de seis meses. En su intervención, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha criticado que “mientras el Consell cumple, el Gobierno ni ha aprobado la gratuidad del transporte ni para los jóvenes ni para otros grupos sociales”.
Respecto a la ley del territorio, según la consellera, es una reforma necesaria para “garantizar el principio de confidencialidad evitando en una fase inicial la sobreexposición de proyectos estratégicos que, por su propia naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad y evitar los movimientos especulativos”. “Muchas de las actividades industriales que potencialmente podían haberse regularizado, no lo hicieron en el plazo inicialmente otorgado”, ha expuesto Pradas, quien ha destacado que “este procedimiento ha sido satisfactorio en el pasado porque supone la regularización urbanística, y posteriormente ambiental, de actividades que pertenecen al tejido productivo, generan riqueza y crean empleo”. En definitiva, ha hecho hincapié en que con esta modificación de la LOTUP se reduce la burocracia “sin abandonar la seguridad jurídica”, se facilita la llegada de inversiones y se regulan “instalaciones que ya existen desde hace años y que generan empleo y riqueza”.
Los socialistas consideran que “eliminar la consulta previa supone volver al urbanismo salvaje y un menosprecio a la transparencia y participación” y critican que el Consell “apueste por un urbanismo a la carta que va en contra de la normativa básica europea y estatal sobre la consulta previa”, en palabras de la exconsellera del ramo, Maria José Salvador.