Cotino dio trato de favor a las empresas de residencias de su familia, según la investigación parlamentaria

La Generalitat del PP, y especialmente la Conselleria de Bienestar Social, gestionada por Rafael Blasco primero y por Juan Cotino después, “benefició por acción u omisión” a las residencias de accesibilidad social, con las que hubo un “trato de favor”, y especialmente al grupo Savia, de la familia de Cotino.

Esta es una de las 43 conclusiones de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos tras 16 meses de trabajo en la comisión parlamentaria que investiga las adjudicaciones y la construcción de residencias de la Generalitat a empresas privadas desde 2001. 

Los representantes de los cuatro grupos parlamentarios critican la ocultación de informes y la dejación de funciones de los altos cargos con responsabilidad para controlar el proceso y denunciar las posibles irregularidades.

Según han expuesto sus portavoces en rueda de prensa, el exconseller Rafael Blasco puso en marcha el negocio de las residencias y su sucesor en la conselleria de Bienestar Social, Juan Cotino, lo “consolidó” mediante órdenes que en la práctica modificaron el pliego de condiciones de un contrato que inicialmente preveía 9.000 plazas. Blasco, durante su intervención en prisión dijo que se había “pervertido su modelo”, pero los representantes de los cuatro grupos consideran que el modelo ya nació perverso y Cotino “sólo le puso la guinda”.

En los procesos que puso en marcha el Gobierno del PP resultaron adjudicatarias 12 empresas, aunque pocas fueron las privilegiadas: el 71 % de adjudicaciones se concentraron en tres entidades dedicadas a la construcción. Gerocentros del Mediterráneo, luego llamada Sedesa, y de la que la familia Cotino poseía el 39% de las acciones, resultó beneficiaria del 40 % de los centros.

Los diputados consideran que el trato de favor se dio por acción y omisión. No solo en la adjudicación de las plazas y en la construcción, sino al no sancionar a las empresas por los “graves incumplimientos”. Por ejemplo, el 85% se construyeron fuera del plazo previsto y de los 12 centros del grupo Savia, solo uno cumplió el tiempo previsto.

Otra de las pruebas para la comisión es el aumento del precio que pagaba la Generalitat a las empresas por plaza. El primer año, por plaza y día, las empresas cobraban alrededor de 38 euros. En 2009, cuando se incrementan en 1.856 las plazas concertadas, se eleva el precio a 58 euros por plaza y día. De esa cifra, 758 correspondían al grupo Savia.

Además, los diputados destacan que en 2010 Cotino ordena la eliminación de su declaración de bienes del registro de altos cargos. Ese mismo año, otra de las empresas en las que participaba, Alquería Dolores SL, cambia su razón social para poder dedicarse a la gestión de residencias, aunque finalmente no pudo optar a ello.