La salida de Enrique Soriano abre un cisma en À Punt y deja la presidencia de la televisión pública en el aire

La dimisión del presidente del Consell Rector del organismo que gestiona la televisión pública valenciana ha provocado un tsunami en la dirección del ente público. La advertencia de Enrique Soriano de que quería dejar el cargo ha recorrido los pasillos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), del Palau de la Generalitat y de las Corts Valencianes durante dos años hasta hacerse efectiva el pasado viernes 8 de enero.

Encontrar una persona válida, dispuesta y que cumpliera las exigencias de la ley de creación de la televisión pública valenciana ocupó al Parlamento autonómico la mitad de la primera legislatura, hasta alcanzar un pacto entre PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos para encomendar la puesta en marcha del servicio público audiovisual al entonces letrado de las Corts Valencianes. El fin de su mandato, dos años antes de lo previsto en la ley, abre un nuevo cisma en la radiotelevisión pública.

La presidencia provisional del ente recae según la normativa en Mar Iglesias, vicepresidenta del Consell Rector propuesta por Compromís, que ejercería en funciones el cargo hasta que el Parlamento autonómico escoja a un nuevo candidato. Pero la profesora de periodismo en la Universidad de Alicante no quiere asumir la responsabilidad sin un contrato acorde, según informan fuentes de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Los miembros del Consell Rector cobran dietas por asistir a reuniones, pero no tienen un salario porque no ejercen el cargo en régimen de exclusividad, mientras que la presidencia percibe salario equivalente al de un secretario autonómico, 60.000 euros.

Según fuentes conocedoras de la negociación, la periodista exige un contrato de alta dirección indefinido con la misma retribución que su predecesor, una cuestión que ha sorprendido en Presidencia de la Generalitat, donde residen las competencias en lo que al sistema de comunicación público se refiere. Recuerdan que Soriano no ha tenido en cuatro años un contrato como el que reclama Iglesias, una cuestión sobre la que la Sindicatura de Comptes se ha pronunciado en varias ocasiones. Los servicios jurídicos plantean serias dudas sobre si una persona que fue elegida como parte del consejo y no como presidenta pueda tener un contrato de alta dirección dada la interinidad del cargo. Es decir, que como es presidenta 'accidental', no se podría blindar su condición laboral y debería seguir percibiendo solo las dietas por sus nuevas funciones. Iglesias ha rechazado ofrecer su testimonio con este diario, pero desde la dirección de la televisión confirman este planteamiento.

Sin contrato de alta dirección, explican las mismas fuentes, Iglesias no estaría dispuesta a asumir el cargo, lo que solo dejaría un escenario: dimitir de la vicepresidencia. En vista de la falta de acuerdo, y en vista de la nula intención de las Corts Valencianes en buscar un nuevo candidato, el Consell Rector debería escoger a un nuevo vicepresidente entre sus miembros que ejerciera provisionalmente de presidente. Desde el Parlamento autonómico, los valencianistas han reiterado la necesidad de constituir el Consell Audiovisual, presupuestado en las cuentas públicas recién aprobadas, y que este sea el que elija la presidencia de Consell Rector, pero los socialistas, desde Presidencia de la Generalitat Valenciana, no parecen tener prisa por iniciar los trámites.

El Consell Rector manifiesta su apoyo a Iglesias

En la última reunión del Consell Rector el pasado viernes, todos los consejeros manifestaron su apoyo unánime a la propuesta de Iglesias. La Corporación considera que un trabajo como el de la presidencia requiere dedicación exclusiva y para que quien ejerce el cargo, sea Iglesias o cualquier otro consejero como vicepresidente en funciones, debe pedir una excedencia de su profesión actual. “Un presidente a tiempo parcial es inviable, À Punt necesita una persona que esté en Burjassot”, explican fuentes de la televisión pública a elDiario.es, insistiendo en que la petición de la profesora es unánime y la cuestiones jurídicas “son salvables”. De hecho, recuerdan, Soriano tampoco tuvo contrato de alta dirección y Presidencia encontró la fórmula de que pudiera cobrar como un secretario autonómico, por lo que se podrían habilitar mecanismos similares, argumentan.