Sánchez Zaplana defiende el trabajo “muy serio” de su equipo para dar un “marco jurídico estable” a las residencias
La exconsellera de Bienestar Social Asunción Sánchez Zaplana ha asegurado que desde su departamento trabajaron “mucho” con la voluntad de dar “un marco jurídico estable” a la concertación de plazas de residencias y asegurar la “igualdad de trato” a todas las personas mayores.
En su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias para dependientes a los centros del grupo Savia, Sánchez Zaplana ha asegurado que cuando accedió al cargo a finales de 2012 la situación en el sector era “compleja”.
Ha destacado que para la adjudicación de las 2.158 plazas del conocido como segundo tercio de accesibilidad social en octubre de 2013 se utilizó el procedimiento negociado, por ser el que “aconsejaba todo el marco jurídico”, tanto la Abogacía de la Generalitat como de la Intervención.
No obstante, ha señalado los servicios jurídicos de la Conselleria aseguraron que este procedimiento era “inviable jurídicamente” por haber entrado en vigor en septiembre la Ley de Emprendedores, que prohíbe “discriminar a favor de contratistas previos en los procesos de contratación”.
Cláusula de exclusividad
Además, trasladaba la imposibilidad de licitar un procedimiento abierto “porque seguía en vigor la cláusula de exclusividad”, ante lo cual se pidieron informes a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que se pronunció en los mismos términos, y a la Dirección General de la Abogacía de la Generalitat.
Ha señalado que este último órgano, en junio de 2014, apuntó a una posible nulidad de la cláusula de exclusividad a través de una “revisión de oficio”, cuyo expediente inició la Conselleria, para lo cual es “preceptivo y vinculante” el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
En noviembre se pidió ese informe, que, según ha explicado la exconsellera, concluyó que “no había nulidad” aunque reconocía que no podía aplicarse la cláusula de exclusividad a las nuevas plazas por estar en vigor la ley de Emprendedores, por lo que la Conselleria siguió buscando “cuál era procedimiento adecuado”.
En diciembre pidió a la Abogacía un nuevo informe, en el que se propone sacar a licitación las plazas o actuar a través de prestaciones vinculadas al servicio.
Acuerdo marco
Sánchez Zaplana ha indicado que en marzo de 2015, poco antes de acabar la legislatura, se inició el expediente para establecer “un acuerdo marco” para sacar a concurso las plazas, por considerar que ese era “el modelo de gestión que aseguraba una igualdad de trato para todas personas mayores” y daba “estabilidad” al sector.
Ha destacado que se dejó preparado un concurso para la adjudicación de más de 3.000 plazas, en siete lotes distribuidos de manera “bastante estudiada” para dar una amplia oferta, y con un presupuesto base de 232 millones, y ha dicho desconocer por qué el nuevo Consell no ha seguido ese procedimiento.
Sobre el retraso en elaborar este pliego denunciado por la socialista Concha Andrés, la exconsellera ha dicho que no estuvieron parados, sino que se pidió toda la información necesaria para que “se hiciera todo perfecto”, y ha asegurado que hasta 2013 no hubo informes que cuestionaran la cláusula de exclusividad.
A preguntas de Ciudadanos, Compromís y Podemos, ha negado haber mantenido ninguna reunión con el exconseller Juan Cotino; ha dicho que ni conoce ni deja de conocer su vinculación con el grupo Savia, y ha indicado que no le correspondía a ella cuestionar el informe del CJC ni conocía la posible vinculación de uno de los ponentes del informe con empresas del sector.
