Los informes de la Sindicatura de Comptes ponen de relieve la opacidad de la Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano. Este departamento, tradicionalmente caótico y con enorme peso en la Administración pública, peca además de un escaso esfuerzo por una gestión transparente y el cumplimiento de los plazos. Los últimos documentos publicados y entregados por el organismo estatutario indican que Sanidad es la conselleria que más contratos menores realiza, la que más volumen de recursos moviliza y la que más tarda en enviar la información, cuando lo hace. En otros casos, el ente que dirige Vicent Cucarella afea que directamente ni se facilitan los expedientes.
En el informe sobre la auditoría del cumplimiento de la legalidad en la contratación pública de 2023 el síndic señala que Sanidad no ha remitido ni uno solo de los extractos de los expedientes de contratos formalizados que debe auditar como marca la ley de contratos del sector público. En total, cifra en 191 los documentos de estas características correspondientes al año 2023, un periodo de transición entre el Ejecutivo de izquierdas y la coalición PP-Vox, ya rota.
Desde 2018 la Administración debe remitir los contratos que superen determinado umbral a la Sindicatura de Comptes, que utiliza como referencia la ley de contratos del sector público, adaptando una instrucción del Tribunal de Cuentas. Estos son, según cita el texto, los que superen un umbral de 600.000 euros cuando se trata de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros si se trata de suministros; y de 150.000 euros, si se trata de servicios y de contratos administrativos especiales. Es decir, procedimientos que implican un considerable volumen presupuestario.
La ley de contratos del sector público marca que deben remitirse en un plazo de tres meses tras la formalización del contrato “una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive”, si cumple los citados requisitos. “Es destacable que la Consellería de Sanidad no ha remitido esta información en ningún caso”, dice el texto de la Sindicatura, que destaca que Hacienda y Servicios Sociales sí han cumplido todas sus obligaciones al respecto. Los datos, indica el informe, se han obtenido descargándolos de la web de GVA Oberta, que traslada los del registro de contratación autonómico. En el 2023, la Conselleria de Sanidad realizó contrataciones por 870 millones de euros, casi la mitad del total de la Generalitat Valenciana, en 929 procedimientos.
Respecto a los contratos no menores, la Sindicatura también indica que el departamento que dirige Marciano Gómez remite la mitad de los contratos pasados los 30 días de plazo en el registro oficial de la Generalitat. El 74,3% de los contratos comunicados de la Generalitat lo hacen con retraso, dice el informe, aunque destaca que en todos los departamentos el porcentaje es mejor que el del año anterior. El departamento que ahora dirige Marciano Gómez ha comunicado 6.812 contratos menores -con menor fiscalización- al registro por un importe conjunto de 26,9 millones d’euros. El ente fiscalizador afea que no todos los departamentos de salud facilitan esta información. Es, de nuevo, la mitad de la contratación menor de la Administración.
Asimismo, el informe de fiscalización indica que el pasado año se aprobaron 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto en todas las consellerias, por un importe conjunto de 1.668,4 millones de euros. El 88% de estos pagos, 1.473,5 millones de euros (88,3%) corresponden a gastos tramitados por la Consellería de Sanidad. La sindicatura afea constantemente que “la aprobación de estos expedientes supone una excepción al principio de especialidad de los créditos presupuestarios” y “trasladar la cobertura del déficit existente a los ejercicios siguientes”.
El síndic también afeó al departamento de Gómez que no remitiera los importes de las liquidaciones pendientes a las empresas concesionarias de los hospitales privatizados. La última cifra estima que las empresas deben 350 millones de euros a la Generalitat por 38 liquidaciones pendientes de cobrar desde 2011.