El Senado ha aprobado este jueves la reforma de la Constitución para que su artículo 49 deje de decir “disminuidos” y comience a hablar de “personas con discapacidad”. La Cámara alta ratifica la tercera reforma constitucional de la Carta Magna, una reivindicación histórica de los colectivos que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional, en un proceso que a su vez entierra una reivindicación de la sociedad valenciana en el último lustro: la recuperación del derecho civil.
Al rechazar la enmienda planteada por Compromís, la Mesa del Senado ha dado la estocada a la posibilidad de incluir el derecho civil valenciano en la Constitución. El miércoles, los miembros de la Mesa, con mayoría de PP y PSOE, descartaron incorporar la enmienda, que previamente había sido rechazada en el debate en el Congreso. Según explicó el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, los letrados han indicado que no pueden admitirse enmiendas que no estén referidas al artículo de la Constitución que es objeto de la reforma.
La decisión se sostiene sobre el mismo argumento que empleó el Congreso en la anterior reforma constitucional, la referida al artículo 135 aprobada en 2011, que sirvió de precedente para los trámites que atañen a la Constitución, ya que para otras proposiciones de ley sí que se suelen admitir enmiendas que no guarden estrecha relación. Ahora se abre un periodo de 15 días en el que los miembros de las Cortes Generales podrán requerir la celebración de un referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional, aunque todo apunta a que no ocurrirá ya que hace falta un 10% de diputados o senadores y los partidos mayoritarios se han manifestado contrarios.
El senador de Compromís, Enric Morera, quien presentó la enmienda redactada por la asociación Juristes Valencians, ha criticado la decisión de la Mesa: “Estamos muy contentos con el paso dado hoy y lo apoyamos”, pero “los senadores tienen derecho a votar y pronunciarse”, ha apuntado. El senador ha recordado que la propuesta “cuenta con el aval de toda la sociedad valenciana, incluido el Cermi”.
La reivindicación impulsada por el colectivo de juristas, arropada por los partidos políticos -salvo la extrema derecha- y con el apoyo amplio de la sociedad civil valenciana ha visto como sus esperanzas se esfumaban a medida que avanzaba el debate. Tanto PP como PSOE se comprometieron a que la reforma afectara exclusivamente al término “disminuidos” y cerraron la puerta a cualquier otra posibilidad.