El Tribunal Supremo ha enterrado definitivamente el 'modelo Cotino' para la adjudicación de plazas de residencias geriátricas que implantó el PP y que beneficiaba a un grupo de grandes empresas del sector, entre ellas la de la familia del propio exconseller Juan Cotino, el constructor alicantino condenado por financiar a los populares Enrique Ortiz o vinculadas a exalcaldes del partido conservador.
La sentencia, que ha avanzado el diario El Mundo y a la que ha tenido acceso eldiario.es, confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en enero de 2016, que censuraba el oligopolio en el que participaban únicamente y en exclusiva 10 empresas en el reparto de las plazas concertadas por la Generalitat desde 2007 a cambio de construir los edificios.
El Supremo desmonta el mito de la exclusividad que las empresas beneficiarias del modelo Cotino quisieron argumentar cuando la administración dejó de concertarles el segundo y el tercer tercio de todas las plazas que se previeron en este concurso de 2001. “No ha existido ningún derecho de exclusividad sobre el cien por cien de las plazas. Y esto lo conocen bien las recurrentes desde el primer momento en su litigiosidad sobre este pretendido derecho. No existiendo derecho de exclusividad, no ha existido incumplimiento alguno por la Administración de un derecho inexistente. Luego no hay responsabilidad patrimonial alguna que pueda ser reclamada”, sentencia el alto tribunal.
El fallo se ha producido gracias al proceso impulsado por la patronal valenciana de residencias (Aerte), que denunció que el 'modelo Cotino' -legalmente establecido como Programa de Accesibilidad Social- beneficiaba a los geriátricos de su familia así como otras grandes empresas del sector.
Este modelo hacía de los Centros de Accesibilidad Social, empresas privadas que tenían garantizado por ley ingresos públicos, recibieran dinero de la Generalitat por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando había centros públicos sin ocupar e impidiendo la entrada de otras empresas y asociaciones que no se encontraban entre los diez elegidos.
Estas empresas beneficiadas por el modelo Cotino cobraban más por plaza que otros centros con conciertos (hasta 56,14 euros frente a los 50 para ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo).
El presidente de Aerte, José María Toro, ha celebrado la sentencia aunque es consciente que llega tarde y por lo tanto su aplicación es imposible. “Nos dijeron que estábamos locos y ahora se demuestra que era injusta. La anterior y esta administración deberían escuchar más al sector”, explica Toro que recuerda que su entidad ha tenido que recurrir la decisión de la Generalitat de primar a las asociaciones sin ánimo de lucro antes que a empresas a la hora de concertar residencias.
En estos momentos se está a punto de conocer el resultado del concurso de 1.550 plazas de accesibilidad -el tercer tercio- y según Toro puede acabar con el 75 % en manos de las empresas beneficiadas por el modelo Cotino. “El retraso de tantos años en el fallo provoca que la justicia no sea justicia”, sentencia el presidente de Aerte.