La propuesta del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de una compensación de las rentas altas de la Comunidad de Madrid por los beneficios del efecto capitalidad ha hecho saltar chispas en el Partido Popular. El presidente valenciano planteó en su conferencia sobre la vertebración territorial un impuesto a las grandes fortunas de la capital que redistribuya la riqueza en el conjunto del país, dado que se benefician de una serie de prerrogativas fiscales y derivadas del centralismo de la administración pública española.
Ya en su discurso en el debate de política general del pasado año el presidente autonómico aportó algunas cifras sobre el efecto capitalidad, que convierten a Madrid en una “aspiradora de recursos” . “El 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde. Nueve de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid. Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en Madrid”, indicó Puig entonces, unas cifras que reiteró en la última conferencia, basadas en un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, las asimetrías ponen en cuestión ciertos principios constitucionales básicos: la solidaridad territorial y la igualdad entre ciudadanos; la suficiencia financiera y la equidad.
La afirmación del presidente valenciano pretende poner sobre la mesa el debate sobre las asimetrías de recursos entre comunidades autónomas en el Estado español, una denuncia constante del Ejecutivo del Botánico. Así lo subrayaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la última rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno autonómico: “El debate es qué tipo de Estado queremos: si queremos un proyecto común de Estado equitativo, fiscalmente justo y financieramente justo o si vamos a seguir en un Estado donde hay un agujero negro de recursos en medio que empobrece al resto”.
La propuesta del dirigente autonómico resultó incendiaria tras la conferencia y continúa haciendo saltar chispas, avivadas por el oxígeno que Moncloa aportó al debate. Entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno también hay sintonía en lo referente al dumping fiscal y la competencia desleal entre autonomías, una actividad que tiene difícil encaje en un modelo de Estado del bienestar. El ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivà, criticaba este jueves en una reunión con Puig la competencia financiera entre las autonomías y avalaba la propuesta del dirigente socialista de la compensación. “No tiene sentido” que a nivel español se recorra el camino “contrario” al que se marca en Europa, que aboga por evitar la competencia fiscal entre los países miembros, expresó el ministro, que valora la propuesta del presidente autonómico: “Esto es algo que se ha estudiado y creo que tiene mucho sentido, me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido”, insistió en la rueda de prensa posterior al encuentro. El “reto que supone sostener el Estado del bienestar” precisa una “base tributaria sólida, no sometida a procesos de deslocalización”, insistió Escrivà. Sin embargo, poco después, la ministra de Hacienda aseguraba que no está en la agenda del Gobierno, entre fuertes criticas de otros barones socialistas. Dirigentes como Emiliano García Page (Castilla La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) o Javier Lambán (Aragón) rechazaron un impuesto a un territorio concreto; si bien cabe destacar que la propuesta de Puig no grava territorios, sino rentas beneficiadas en ellos.
Las declaraciones de Escrivá, de libre interpretación para los populares, significan que el Gobierno “quiere penalizar en los bolsillos de los madrileños la buena gestión que están realizando” los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en Madrid con “su política de bajos impuestos, la misma que practican el resto de comunidades y ayuntamientos populares”. En declaraciones recogidas por Europa Press, los populares critican que “ese castigo sólo se debe a que en Madrid gobierna el PP. Es la única razón. La 'madrileñofobia' de Sánchez ya le costó a toda la izquierda, y en especial al PSOE, un serio disgusto en las urnas el pasado 4 de mayo en la Comunidad, que se repetirá cuando se convoquen elecciones generales”, advierten.
Financiación autonómica
El mismo jueves, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, anunció que en noviembre debatiría con las comunidades autónomas el concepto de población ajustada para evitar complicaciones en la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno insiste desde hace semanas en que habrá base para la reforma antes de finalizar el año, una falta de concreción que irrita a los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Los representantes de Compromís en el Congreso y en las Corts Valencianes criticaron el retraso en los compromisos de legislatura. El síndic de Compromís, Fran Ferri, insistió en que los responsables de Hacienda “cumplan la resolución impulsada por Joan Baldoví en el Congreso, aprobada por una amplia mayoría, y presenten una propuesta completa de reforma del sistema de financiación antes de finalizar el año y no solo de algunas de sus variables”.