Vox pide en las Corts Valencianes que los sindicatos muestren sus cuentas, contratos y retribuciones

Vox quiere que los sindicatos muestren sus cuentas anuales, partidas presupuestarias, subvenciones y salarios de forma periódica. El partido ha presentado una proposición no de ley de tramitación urgente en las Corts Valencianes, que también afecta a asociaciones empresariales, para que “tengan la obligación de hacer pública toda información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.

El grupo parlamentario de extrema derecha solicita al Gobierno central una reforma de la Ley de Transparencia para reclamar a los sindicatos y asociaciones empresariales información sobre sus cuentas y actividad. La formación, que afea a las organizaciones que no cumplan las obligaciones recogidas en la ley de transparencia, solicita una reforma al considerar que “no se exige la publicación de información de notable trascendencia”, clave dado que se trata de dinero público. El texto indica en la exposición de motivos del texto que en los últimos presupuestos del Estado las organizaciones de trabajadores han recibido en su conjunto cerca de 21 millones de euros.

En concreto, el partido ultra reclama que la modificación incluya la obligación de publicar las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo; los presupuestos de las organizaciones, las retribuciones de los altos cargos y las indemnizaciones si abandonan el cargo, las resoluciones de compatibilidad en el cargo y los contratos, convenios y subvenciones de los órganos que a efectos de la ley no son Administraciones Públicas, incluso los realizados con entidades privadas.

Asimismo, la formación pide “su entero régimen económico”, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones; la información correspondiente a las ayudas concedidas por las Administraciones Públicas o por otras entidades públicas; las ayudas de entidades privadas y la memoria de actividad. Y, por último: “La obligación de crear un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción”.