El departamento de salud de la comarca de la Marina Alta, con el hospital de Dénia como referencia, vuelve a ser de gestión pública desde este jueves. Esta es la tercera área sanitaria gestionada por Ribera Salud que recupera el Gobierno valenciano, tras hacer lo propio con la del hospital de Alzira en abril de 2018, el primero que se concesionó en un modelo impulsado por el expresidente Eduardo Zaplana, y el de Torrevieja en octubre de 2021.
Ambos fueron desprivatizados por el Gobierno del Botánico (fomado por el PPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), que a su vez inició los trámites para revertir el de Dénia, en un proceso que ahora concluye la Generalitat Valenciana gobernada por el PP y Vox tras los demoledores informes que advertían del elevado coste de la gestión indirecta, el déficit de inversiones y la opacidad.
Aunque inicialmente el ahora conseller de Sanidad del PP, Marciano Gómez, no tuvo una posición clara con respecto al modelo a seguir, el informe desvelado por elDiario.es sobre la conveniencia de recuperar la gestión pública tanto del hospital de Dénia como del de Manises, siguiente en finalizar la concesión en este caso con Sanitas, decantó la balanza.
Según el mencionado documento elaborado a principios de 2023 por la propia Conselleria de Sanidad la reversión del contrato de concesión administrativa del hospital de Dénia “ha de ser valorada positivamente” al no incidir “en modo significativo en el mantenimiento de los principios de estabilidad presupuestaria”.
El contundente documento, necesario para justificar que este proceso no generará un desequilibro en las cuentas públicas, desmonta una por una todas las supuestas bondades del sistema indirecto y pone de relieve la opacidad y los incumplimientos de la concesionaria, Marina Salud, empresa dependiente de Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del que fuera senador del PP Fernando de Rosa. Entre otros aspectos, destaca que el modelo de gestión indirecta ha tenido un coste de 1.400 millones de euros para las arcas públicas, destaca por su opacidad y ha dejado inversiones sin realizar, como un nuevo centro de salud.
De esta forma, la Conselleria de Sanidad asume a los 1.300 empleados del departamento de salud y afirma que incrementará la plantilla hasta los 1.700 con el objetivo de mejorar la atención y las condiciones de trabajo, evidenciando que hasta ahora existía una clara falta de medios.
El presidente del comité de empresa, Joan Sarrió, ha comentado que uno de los principales problemas que se daban en el hospital y en los centros de salud era el exceso de rotación y la fuga de profesionales, lo que impedía ofrecer una buena atención sanitaria como en cualquier otro departamento de salud.
Desde CCOO y UGT denunciaron que el laboratorio del hospital de Dénia seguirá bajo gestión privada, algo que no comparte el sindicato, que ya condicionó su apoyo al decreto de reversión a la inclusión de este personal en la reversión, dada la existencia de suficiente base legal y jurídica para ello.
Compromís pide cobrar a Ribera Salud el déficit en inversiones
Compromís ha celebrado a las puertas del hospital de Dénia el último día de la concesión sanitaria a la empresa privada Marina Salud. “Está es una reversión obligada para el Consell de Mazón, a quien le marcó el camino el gobierno del Botánico. Es un éxito de toda una comarca que durante muchos años ha trabajado para que la sanidad sea un derecho y no un negocio. Es la muerte de un modelo ideológico, un experimento económico que instaló el PP y que siempre escondía intereses personales del entorno del partido. Este modelo sanitario de capitalismo de amiguetes supuso basar la gestión sanitaria en criterios económicos y no sanitarios”, ha manifestado Aitana Mas.
El diputado de la coalición valencianista, Carles Esteve, señaló que existe una clara diferencia en cómo se hicieron las reversiones anteriores de Torrevieja y Alzira por parte del Botánico, y cómo la plantea el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, quien de hecho fue ideólogo del sistema que hoy acaba en Dénia: “Hay una diferencia notable en el porcentaje de incremento de trabajadores. Mientras en Alzira fue de un 31%, en Torrevieja, del 58%, en Dénia encontramos que el refuerzo planeado por el consejero es de un 15%”.
Esteve exigió al conseller que reclame a la empresa la deuda que deja. Según los cálculos de la coalición y los datos de Sanidad, rondaría los 130 millones de euros la liquidación de la deuda acumulada con la administración pública entre 2014 y 2024.