Situación surrealista en el Ayuntamiento de Valencia. El PP había designado a uno de los concejales imputados en la Operación Taula como miembro de la comisión de investigación de, precisamente, la Operación Taula. El nominado había sido Félix Crespo, licenciado en y profesor de derecho. Está, irónicamente, suspendido de militancia por su partido.
Crespo está investigado, como nueve de los 10 concejales del PP en Valencia, por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Pese a ser sospechoso de corrupción, iba a ser parte del grupo de trabajo formado por el Consistorio para investigar el asunto. El juez, el fiscal y la Guardia Civil creen que el grupo municipal popular pudo urdir un burdo sistema para limpiar dinero procedente de comisiones ilegales Concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular en el ayuntamiento transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en billetes de 500. Incluídos los nueve concejales, el juez ha imputado a casi 50 personas relacionadas con el PP por este asunto.
Sin embargo, tras el revuelo que ha causado el nombramiento de Crespo para esta comisión de investigación, la líder del PPCV, Isabel Bonig, ha obligado al grupo municipal popular a rectificar, según fuentes de la calle Quart, y ha nombrado a su actual portavoz, Eusebio Monzó, como miembro del PP en este grupo de trabajo. Monzó es el único de los 10 ediles populares que no está investigado en la Operación Taula.
Según Monzó, esta decisión se adopta, “para que no queda ninguna duda de que el Grupo Popular va a colaborar con la comisión, aunque nos parezca una caza de brujas porque el tema que va investigar está todavía sub júdice”. Horas antes, justificaba la elección de Crespo por ser el edil “mejor cualificado jurídicamente” y pedía respeto a la presunción de inocencia de sus compañeros.
Junto a Monzó, la comisión estará formada por Carlos Galiana (Compromís), Sandra Gómez (PSPV-PSOE), Jordi Peris (València en Comú, la marca blanca de Podemos), y Narciso Estellés (Ciudadanos).
La comisión de investigación fue propuesta por Ciudadadanos con el apoyo del tripartito que gobierna Valencia, Compromís, PSPV y València en Comú. El parlamento autonómico y la diputación provincial también investigarán un asunto con más de 100 imputados, entre ellos varios exaltos cargos del PP regional, caso de Alfonso Rus, expresidente del partido.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción quieren aclarar las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control que habrían hecho adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
Indignidad política
La elección de Crespo había sido desvelada por el concejal de Participación, Jordi Peris, de València en Comú, tras la habitual junta de gobierno municipal. En su opinión, el nombramiento suponía una “burla” a la comisión y “una actitud que no ayuda a esclarecer los hechos”, por lo que tildaba la decisión del PP de “indignidad política” que pretendía “deslegitimizar el trabajo de la comisión”.
Peris aseguraba también que la decisión del PP era una desautorización de los concejales a la líder del PP valenciano, Isabel Bonig. “Se burlan de ella”, dicía. Bonig quiere que los nueve ediles investigados entreguen el acta pero estos se niegan. “Dependemos de Madrid”, que les ha abierto expediente, aseguran.