Privados de lo público
Si no lo digo, reviento. No, no tienen los mismos derechos quienes estudian en la universidad pública que quienes lo hacen en la privada. No tiene el mismo reconocimiento ni mérito quien, por su capacidad y esfuerzo, logra una merecida plaza como estudiante en una institución pública, que quien tiene la suerte y privilegio de poder financiársela en un centro privado. No existe discriminación, porque no podemos tratar igual lo que es clamorosamente diferente. ¿Estamos de acuerdo?
Recientemente la Consellera socialista de Sanidad Universal, Carmen Montón, junto al Conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, anunciaron que alumnos de universidades privadas no harán prácticas en hospitales públicos valencianos a partir del próximo curso, es decir, que aquellas personas que realicen sus estudios en Medicina, Enfermería o Psicología fuera del sistema público de enseñanza, sólo podrán realizar sus prácticas en clínicas privadas. Parece lógico, ¿no?
El por qué de esta medida es bien sencillo. Según la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es ilegal que el funcionariado dedique horas de trabajo en el sistema público de salud para tutorizar estudiantes de la universidad privada. Además, el Real Decreto 420/2015 establece que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto con una única universidad para impartir formación. Las leyes hay que cumplirlas, aunque monseñor Cañizares e Isabel Bonig sugieran la desobediencia civil.
Hoy sabemos además que el Gobierno del Partido Popular de Francisco Camps facilitó que personas matriculadas en universidades privadas realizaran prácticas gratuitas (sí, gratuitas) en centros públicos. Era ilegal, inmoral y, también, ideológico. Un interesante concepto de meritocracia el del PP, el que define la cuenta corriente y el capitalismo de amiguetes, que con el nuevo Consell que preside Ximo Puig afortunadamente ha llegado a su fin.
“Libertad sin ira” cantaron Bonig y González Pons, a ritmo caribeño y sin saberse la letra, a favor de seguir beneficiando a la enseñanza concertada, eso sí, tras veinte años cantando “A quien le importa” mientras miles de estudiantes eran reprimidos en la calle y expulsados/as de la universidad pública por no poder pagar las tasas, miles de niños/as solo han conocido aulas prefabricadas en barracones, se recortaba profesorado, becas, refuerzos y se atacaba l'ensenyament en valencià.
