El PSOE cree que el caso Castellano “explota en la cara” de la vicepresidenta
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, considera que la detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, “explota en la cara” de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, por “avalar” al ahora detenido.
“Este escándalo de corrupción le ha saltado en las narices a la vicepresidenta”, ha denunciado Hernando, que ha reclamado que Castellano sea cesado de inmediato y sustituido por otro delegado del Gobierno que no sea, eso sí, del PP de la Comunidad Valenciana ni de Murcia.
Hernando ha exhibido dos respuestas por escrito del Gobierno al PSOE, la última con fecha 6 de mayo y recibida en el Congreso el pasado martes, en las que destacaba que los contratos ahora bajo sospecha se habían concedido por medio de un procedimiento legal.
En esa respuesta por escrito facilitada por el PSOE, el Ejecutivo aseguraba que el propio Castellano ya había afirmado en un comunicado que era “rotundamente falso” que hubiera recibido cantidad alguna de la empresa Avialsa, ni directa ni indirectamente.
El Gobierno añadía que todas esas adjudicaciones por las que preguntaba el PSOE se habían realizado “mediante concursos públicos, a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos”.
Ante este nuevo caso de presunta corrupción, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de Soraya Sáenz de Santamaría y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que rindan cuentas de las “prácticas corruptas que ha tenido el PP durante tantos años”.
“En las últimas 48 horas estamos viendo a un PP en desbandada, pero sobre todo acorralado por corrupción. Hoy es un día negro para el PP”, ha subrayado Hernando, que ha recordado también la sentencia que inhabilita al alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva, o la apertura de juicio oral por la caja B en el PP.
Serafín Castellano ha sido detenido hoy junto a otras ocho personas en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación.
