El PSPV denuncia impagos en las nóminas de casi 300 profesionales de limpieza de 70 centros docentes públicos

La portavoz de Empleo del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha exigido hoy al Consell que asegure los salarios impagados del personal de limpieza de 70 centros docentes públicos antes de que inicie el curso escolar y también que garantice el servicio en todas las instalaciones afectadas.

Yaissel Sánchez ha explicado que la situación de estos profesionales contratados por Costa Azahar Més Net SL., incumple la normativa laboral. “Los casi 300 trabajadores no han cobrado el 70% de la nómina del mes de junio, tampoco la paga extra o la liquidación correspondiente al personal fijo discontinuo, que representa en torno al 90% de la plantilla”, ha señalado la diputada socialista.

Asimismo, ha lamentado que el silencio del conseller de Educación a pocos días del retorno a las aulas “denota su dejadez y fomenta situaciones de precariedad en relación a las adjudicaciones de los servicios públicos valencianos”. “El Consell de Mazón debe velar y controlar que los servicios externalizados sean adecuados, así como las condiciones de los profesionales que los ejecutan”, ha añadido, “los informes de inspección de trabajo se han trasladado al conseller de Educación, por lo que está al corriente de la irregularidad que sufren estos 300 trabajadores y trabajadoras”.

Por todo ello, la diputada socialista ha recalcado que, si el Consell no soluciona esta irregularidad, “también abandona al profesorado y al alumnado de las instalaciones docentes afectadas por los incumplimientos de la empresa adjudicataria”. Además, recuerda que esta coyuntura puede provocar que los centros educativos se encuentren “sin higienizar y sin condiciones óptimas de limpieza” al inicio del curso.

En ese sentido, la diputada socialista ha explicado que se han visto implicados hasta 70 centros educativos de las provincias de Alicante y València, siendo las comarcas del Vinalopó i L’Alcoià las más perjudicadas. “Esta situación de irregularidad se viene produciendo desde diciembre de 2023 y el conseller Rovira es conocedor de la situación”, ha detallado Sánchez, “en febrero y julio ya se produjeron concentraciones frente a la Conselleria, pero la situación sigue sin solucionarse”.

“Si la empresa ya ha comunicado a la administración su insostenibilidad financiera para hacer frente a su obligación con las trabajadoras y los trabajadores, la Conselleria tiene el deber de actuar de forma ágil para buscar alternativas viables que resuelvan la situación”, ha indicado la diputada, “pues de lo contrario, no sólo se pone en riesgo un servicio de atención a los centros educativos, sino también se mantiene a tres centenares de trabajadores en una situación de alarmismo y de incertidumbre debido a que se encuentran sin cobrar salarios correspondientes al curso anterior a escasos días de su incorporación”.

Por último, Sánchez ha recalcado la feminización de este servicio: “casi el 98% de la plantilla son mujeres, a lo que se le añade, que muchas de muchas de ellas encabezan familias monoparentales que dependen exclusivamente del salario que reciben”.

PNL para evitar que esto se repita

Yaissel Sánchez también ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley (PNL) para incrementar el control sobre las adjudicatarias de servicios y evitar que estas situaciones se repitan. Entre las medidas que se insta al Consell para que adopte se incluye la necesidad de establecer un procedimiento ágil de rescisión de contrato cuando se vulneren los derechos sociales y cualquier otro tipo de cláusulas administrativas que perjudiquen a los y las trabajadoras.

En este sentido, en la iniciativa se pide al Consell que establezca una periodicidad de control por parte de la administración a las empresas adjudicatarias firmantes de un contrato público sobre su cumplimiento. También se insta a requerir por parte de la administración, dentro del marco del diálogo social, una valoración previa de los agentes sociales más representativos con respecto a las entidades que se presentan al concurso de licitación, en la que conste que no existe incumplimiento de la normativa laboral en los últimos 24 meses.

La PNL pide también que se estudien pormenorizadamente las condiciones económicas reales de los criterios técnicos del sector con el objetivo de ajustar la valoración técnica del precio base de licitación, evitando así bajadas económicas alejadas de las necesidades del sector, así como continuar fomentando que la valoración decisiva para el otorgamiento del contrato no sea la oferta económica a la baja.