Puerto Mediterráneo: ¿El Eurovegas valenciano?

Los tiempos de los grandes proyectos impulsados por la Generalitat Valenciana pasaron al olvido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Las ideas que buscaban una promoción del Consell de Alberto Fabra como la Ciudad del Automóvil acabaron relegadas al olvido, sin ejecutarse. No eran los tiempos adecuados.

Pero entonces no solo había proyectos que precisaban de la iniciativa pública. También había de iniciativa privada. Y entre estos destacaba Puerto Mediterráneo. Bajo el auspicio de la empresa británica Eurofond Investments, se plantea un megacomplejo comercial y de ocio en la ciudad de Paterna. Con una afección sobre un millón de metros cuadrados, en esos terrenos se ubicarían tiendas, centros comerciales, hoteles temáticos, viviendas, instalaciones deportivas, cines, norias, un ‘miniparque’ centrado en el juguete, pistas de esquí, piscina de olas y surf, un gran lago navegable, rocódromo y hasta casinos. De esos metros cuadrados, 300.000 están reservados para la implantación del centro comercial, la principal actividad que resaltan los promotores. Se trataría de una de las mayores superficies brutas alquilables de España.

Las cifras económicas que plantea la mercantil que lo impulsa son mareantes: 800 millones de euros en inversión. 520 serían por el centro comercial, que llevaría el nombre de Puerto Mediterráneo Shoping Resort, y 200 millones de euros más que aportarían los diferentes operadores para adecuar sus infraestructuras comerciales. No son más espectaculares las previsiones de afluencia calculadas que tendría. Se cifra en cerca de 20 millones los visitantes al año. Eso sí, sumando la oferta comercial con la de ocio. Y con ello, la empresa expone su argumento fundamental: los entre 4.000 y 5.000 empleos directos que crearía. A ello, se sumarían unos 3.000 que se producirían de forma indirecta, según los promotores.

Un megacomplejo, que contaba con la benevolencia del anterior Consell, ahora cuestionado. Los críticos plantean diversos problemas por sus instalaciones. La afección medioambiental, el impacto sobre el comercio local y el ir ligado a un modelo urbanístico considerado de otros tiempos son los principales. Y todo, además, con la negativa que hay desde el gobierno de Ximo Puig al proyecto. Aunque el rechazo de los socialistas sea más matizado.

¿Urbanismo depredador?

¿Urbanismo depredador?

Pese al rechazo del Consell al proyecto -manifestado públicamente por su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra-, sus competencias para permitir si puede iniciarse o no son mínimas. Solo está en sus manos la resolución del informe de impacto ambiental, ya que el megacomplejo no precisa de la licencia comercial. ¿La razón? Está tramitado como Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Dicha figura jurídica fue impulsada por Fabra con un objetivo claro: acelerar y facilitar cualquier tipo de inversión que se considerara fundamental para la Comunidad Valenciana. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de esa figura, ha acabado “aplicándose para operaciones vinculadas demasiadas veces a un tipo de urbanismo propio de la burbuja, depredador”, apunta Josep Sorribes, profesor de economía regional y urbana de la Universitat de València. “La figura no es equivocada en sí, si se aplica con sentido común, pero hasta ahora no ha sido así en la mayoría de los casos”, complementa.

Operaciones como la del Plan Rabassa tramitado a través de este método ahora están bajo investigación judicial. Es más, como apunta Josep Lluís Miralles, profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universitat Politècnica de València y director del departamento de urbanismo de dicha universidad, “del uso que se puede hacer de la ATE, puede derivarse una puerta para facilitar intervenciones problemáticas o ligadas a intereses particulares privados”. “Al depender de la administración el uso que se haga de ella, tiene un carácter arbitrario”, remata. “Es una figura que impone la política de arriba hacia abajo. Justo al contrario de cómo queremos hacer las cosas desde el Consell”, agrega Rafael Climent, conseller de Economía.

La cantidad de suelo que usaría el megacomplejo es la razón que utilizan los contrarios al proyecto para tildarlo de iniciativa propia del urbanismo depredador. “Si cogemos el documento de estrategia territorial para Paterna, la instalación de Puerto Mediterráneo consumiría todo el potencial crecimiento que se plantea para la ciudad”, apunta Juanma Ramón, portavoz municipal de Compromís. Terrenos de carácter privado que la empresa que quiere impulsar el proyecto comercial ya tiene acordados con la mayoría de los propietarios. Según expuso, habían adquirido el 60% de ellos.

“La actuación prevista supone la cogestión de un espacio ya saturado, con sus efectos de incremento de la movilidad privada y de las inversiones públicas complementarias que suelen acarrear estas acciones sobre el territorio”, alerta Sorribes. “En una situación de exceso generalizado de la oferta, resulta difícil justificar la promoción de nuevas viviendas”, analiza Miralles. No en vano, el director general de comercio y consumo, Natxo Costa, calificó a principios de mes de “especulativo” el proyecto. Su compañero de partido Ramón va más allá y lo califica de “pelotazo”.

De esta acumulación del uso del suelo, también se plantean problemas medioambientales. “Si se ejecutara, tapiaríamos con hormigón uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el área metropolitana de Valencia”, censura Ramón. “Puerto Mediterráneo devastaría una gran zona forestal y rústica sobre la que hay solicitada una declaración de paraje natural municipal, en la que se encuentra el barranco d’En Dolça”, denuncia Cristina Domingo, portavoz de Acció Ecologista-Agró en un artículo en Valenciaplaza.com.

Sin embargo, desde la mercantil británica contraponen que cuentan con 39 informes favorables. De ellos dicen, que 19 son relativos a temas medioambientales. Además, remarcan su compromiso con el entorno con reuniones con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para afectar lo menos posible al barranco d’En Dolça.

“Inflación de centros comerciales”

“Inflación de centros comerciales”Aunque haya discusión sobre los aspectos urbanísticos y de afección al territorio que encierra esta iniciativa, el debate real está sobre el modelo comercial, sobre sus efectos económicos. Eurofund esgrime que solo el primer año generaría unos ingresos de 35 millones de euros. Las cifras son puestas en duda. “Para que sea viable económicamente tendría que tener 77.000 visitantes al día, 28 millones al año. Es decir, 10 millones más de DisneyWord en EEUU. Unas cifras completamente irreales”, afirma en dicho artículo Domingo.

No solo se cuestionan los visitantes que atraería. También los puestos de trabajo que crearía. “Habría trasvase de trabajadores. Y los nuevos trabajos serían de una calidad peor”, opina Ramón. “Yo solo pido rigor y claridad con lo que hacemos. Que no haya tanta demagogia con los puestos de trabajo. Tiene que haber un estudio serio sobre la oferta y la demanda. Y que los nuevos puestos sean de una calidad mínima y decente”, reclama Climent.

De hecho, desde la conselleria también se argumentan los efectos negativos que tendría Puerto Mediterráneo para el pequeño y mediano comercio. Y se censura “la inflación actual de grandes superficies, donde la oferta supera claramente a la demanda”. “Tenemos que evaluar los equilibrios para evitar excesos. Así es como podemos garantizar con mayor eficacia la seguridad jurídica”, remata el conseller ante las críticas. Sin embargo, los promotores contraponen sus acuerdos con la Asociación de Comercios MultiPaterna como síntoma de preocupación por el comercio local.

Referéndum frustrado

Referéndum frustradoLa polémica aparejada a Puerto Mediterráneo ha creado tensiones entre el PSPV y Compromís. Al menos entre el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, y Oltra. Ésta tildó el proyecto de “barbaridad” y aseguró que “era inviable económicamente”. Sagredo le replicó en un pleno municipal: “Cuando venga un parado lo mandaré en taxi a Oltra”. “La afirmación fue en un contexto de debate plenario. Pero refleja mi preocupación porque el 95% de las personas que atiendo son por estar desempleadas”, asegura Sagredo. “No me siento legitimado para decir que no a un proyecto que pueda generar empleo”, ratifica.

Al no poder decir que no al megacomplejo, pero no compartir el modelo que representa, Sagredo impulsó un referéndum para que los vecinos opinaran. Pero, fue tumbado por una moción de Esquerra Unida que respaldaron la marca local de Podemos y Compromís. “La consulta era sesgada y no se ofrecía toda la información sobre la iniciativa”, defiende Ramón. “¿Cuándo se puede determinar que una persona está suficientemente informada?”, responde Sagredo.

“Es una inversión privada y yo no me puedo oponer”, afirma Sagredo, para continuar: “Eso sí, no voy a poner ningún euro público porque no comparto el modelo de desarrollo”. “Y las políticas llevadas a cabo durante estos meses en materia de innovación lo certifican, como los pasos para que Paterna sea una Smart City”, concluye. Unas intenciones que se oponen a este megacompleo con similitudes –guardando las distancias evidentes- con el de Eurovegas.