El Puig reactiva la construcción de 400 casas en la playa a pesar de que la Generalitat pidió impugnar los permisos

Las obras del proyecto de urbanización de 105.000 metros cuadrados en primera línea de la playa de El Puig avanzan a pesar de que en mayo del pasado año, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales, la Dirección General de Política Territorial y Paisaje que dirigía Rosa Pardo, de Compromís, instara a impugnar la aprobación del proyecto de reparcelación del sector residencial 'La Casota', Sectores SP 3 y SP4, del municipio del Puig de Santa Maria.

La resolución venía a decir que el Ayuntamiento del Puig, gobernado entonces en solitario por el PSPV, habría realizado una aprobación exprés del programa de actuación integrado (PAI) incurriendo en posibles irregularidades con el objetivo de anticiparse al plazo que establecía el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) para dar por caducados los planes urbanísticos a los que en mayo de 2018, cuando entró en vigor la normativa, se les concedió un plazo de cinco años para iniciar obras.

La ejecución de este PAI implicará la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. Acció Ecologista-Agró solicitó la paralización de las obras ya que, según denunciaron, afectan a terrenos que forman parte de la Marjal del Puig y que, según el artículo 15 de la Ley 11/94 de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, son suelo no urbanizable de especial protección.

Tras las pasadas elecciones, el PSPV obtuvo cinco concejales y necesitó el apoyo de Compromís, con dos ediles, para mantener el ejecutivo municipal, ya que el PP obtuvo seis representantes. En virtud del acuerdo de Gobierno, ambos partidos de izquierdas se alternan la alcaldía a razón de dos años cada uno, por lo que en la actualidad el alcalde es Vicent Porta, de Compromís.

Preguntados por elDiario.es sobre los motivos por los que se han activado las obras teniendo en cuenta la petición de impugnación que hizo en su día la Conselleria, fuentes municipales han explicado que aún el pasado mandato, en respuesta a aquel requerimiento se remitió desde Urbanismo un informe técnico y jurídico en el cual se acreditaba que la reparcelación y el consiguiente inicio de los trabajos se habían aprobado dentro del plazo marcado por el Pativel, por lo que la Conselleria concedió los permisos necesarios.

“Paralizar una actuación así sin la correspondiente seguridad jurídica hubiera supuesto exponer al Ayuntamiento a denuncias por parte de los promotores y al posible pago de indemnizaciones millonarias”, han afirmado las mismas fuentes, por lo que han asegurado que velarán “por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad en todo el desarrollo del PAI”. En este sentido, han reconocido que han recibido quejas de los vecinos del entorno por el exceso de velocidad de los camiones que entran y salen de la zona, por lo que harán los controles necesarios.

El pasado mes de marzo, desde Acció Ecologista Agró reclamaron la paralización de las obras que fue rechazada por la Conselleria de Territorio, por lo que entidad advirtió de recursos judiciales para lograr la protección de la marjal. Además, según el visor del Instituto Cartográfico de la Generalitat Valenciana, en el escenario tres de cambio climático, las viviendas estarían al límite de la línea que marca el avance del mar, que implicaría que llegaría prácticamente a la nueva zona residencial.