“Renovables sí, pero no así”. El lema ha proliferado en los últimos meses en concentraciones en los entornos rurales y en las ciudades. La apuesta por la descarbonización es ampliamente compartida por partidos políticos y sectores sociales, salvo por las posiciones de extrema derecha y de un reducido sector de negacionistas del cambio climático, pero el modelo de implantación de renovables de forma masiva está generando numerosos conflictos territoriales. El marco, acelerado en España por los fondos europeos impulsados tras la pandemia y avivado con la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania, ha derivado en una paradoja: ecologistas manifestándose contra medidas para paliar el cambio climático.
En los últimos meses han proliferado las plataformas de rechazo a las macroplantas fotovoltaicas y parques eólicos, que se concentran semanalmente en algunos puntos del interior y que han levantado protestas en algunas ciudades. El activismo contra el cambio climático convive con un activismo contra proyectos de gran calado, que esconde una gran complejidad en su casuística. Las agrupaciones que rechazan el modelo que impulsa el Gobierno central, consideran las instalaciones un ataque al territorio, tanto desde su valor paisajístico como cultural, pese a que algunos cuenten con informes favorables de impacto ambiental.
Para abordar la transición ecológica y el cambio de modelo, los expertos coinciden en que la transición energética a través de la tecnología solar fotovoltaica es la más rápida. Permite también un modelo más democrático y participativo y en España, por su orografía y las horas anuales de sol, es una energía más aprovechable. El impacto ambiental es menor que el de otras tecnologías, es necesaria para cerrar las centrales nucleares y contribuiría a la reducción de la dependencia exterior, pero, por mucho empeño que pongan los expertos, el mensaje positivo no siempre cala.
Entre quienes se oponen a los macroproyectos que cuentan con evaluaciones ambientales favorables hay variedad de grupos. En el marco de los ecologistas se encuentran algunas posiciones anticapitalistas, que consideran los desarrollos masivos de renovables como un negocio más de grandes empresas que se están reconvirtiendo, o los decrecentistas -a menudo vinculados con los colapsistas en términos peyorativos, en referencia a una vertiente que augura un colapso económico fruto del crecimiento excesivo del sistema- que consideran que la respuesta al cambio climático es una reducción del consumo y la producción y ven en la transición energética un cambio superficial, no de fondo. A estas posturas se suma el rechazo de una capa de población desde posturas identitarias, a menudo vinculada con los municipios de interior donde se proyectan estas plantas. Incluso en algunos casos se ha llegado a contraponer el modelo energético con la soberanía alimentaria, pese a que España tiene un modelo exportador, a que aumentan las tierras abandonadas y a que gran parte del territorio agrícola va destinado a los cultivos industriales, vid, olivo y alimentación para ganado.
El conflicto se aborda desde los déficits de gobernanza, como un enfrentamiento territorial y un modelo extractivista: la ciudad se bebe la energía que extrae en los municipios en riesgos de despoblación, se lleva adónde no hay nadie el impacto ambiental. En algunos municipios los agricultores y los propietarios del terreno se sienten desamparados, no conocen los procedimientos o los periodos de alegaciones -expuestos en el Boletín Oficial del Estado- y perciben que desde los ministerios se les impone un modelo que afecta directamente a su modo de vida. En otros casos, algunos partidos políticos lo equiparan a la burbuja inmobiliaria, dada la proliferación de empresas y proyectos, y reclaman una planificación territorial consensuada y ordenada. El ambientólogo Andreu Escrivà apuntaba en una entrevista reciente algunas claves del conflicto en su aspecto más social: “Los cambios deben ser democráticos, consensuados y planificados; no impuestos por el mismo sistema depredador que se enriquece”. El divulgador, que aborda estas cuestiones en Contra la sostenibilidad (editado por Arpa y Sembra Llibres), considera que “no puede percibirse que las ciudades demandamos energía que va a venir de otro sitio (...) Lo que pasa es una cuestión democrática, necesitamos explicitar que en las ciudades hay un compromiso claro, que vamos a cambiar cómo producimos y cómo consumimos energía”, y concluye que el cambio de modelo ha de ser más profundo: “No tiene sentido que implantemos miles de hectáreas de placas solares en el territorio para alimentar coches eléctricos en ciudades si no han cambiado su modelo de movilidad”.
El catedrático en Geografía Humana de la Universitat de València Joan Romero llama a los lugares que perciben el daño “territorios de sacrificio” y relaciona los conflictos con carencias de gobernanza. En el volumen Conflictos territoriales y geografías del poder, apunta a la complejidad para abordar el problema, ya que frente al efecto NIMBY (siglas en inglés de not in my back yard; en mi patio trasero, no), en otros lugares se produce el YIMBY (el efecto contrario, de aceptación). “En unos lugares se generan conflictos entre empresas, vecinos, propietarios de terrenos o cazadores. En otros, la resistencia es menor o inexistente. No solo no existe unanimidad en las propias comunidades rurales, sino que gran parte de la avalancha de peticiones se explica porque muchos propietarios de tierras agrícolas han encontrado en la instalación de plantas fotovoltaicas y de molinos una fuente de ingresos que no admite parangón con los ingresos procedentes de la actividad agrícola y ganadera”, apunta el profesor en el artículo académico, que recalca la diferencia de precios por hectáreas según el uso.
Así, indica, “se trata por tanto de una modalidad de conflicto territorial complejo, donde coexisten, en un contexto de relaciones de poder muy desiguales, valores e intereses distintos y realidades muy diferentes que no siempre se han tenido en cuenta: una gran instalación no tiene el mismo impacto en un territorio rural frágil y con una estructura atomizada de la propiedad del litoral mediterráneo, que en un medio de cereal extensivo de secano donde predomina la gran propiedad”.
Consenso social y beneficios directos para impulsar la transición
Para reducir el rechazo que generan algunos proyectos en el territorio y cumplir los objetivos climáticos, el exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco, ha elaborado un documento de propuestas de acción y comunicación. El experto en el sector energético analiza las causas del rechazo y apunta que “el Estado debe crear toda una estrategia comunicativa y un consenso social amplio para explicar y promover la importancia de la transición energética y la implantación de renovables, y cómo esta va a convertirse en la principal palanca de desarrollo económico del país”. A su juicio, es vital fijarlo como “proyecto colectivo”.
Fresco, que dejó en la dirección general un código de buenas prácticas y de incentivos para los proyectos más responsables, plantea en un dossier del Observatorio de Transición Justa algunos de estos aspectos y aboga por un amplio consenso social que “debe necesariamente contar con los representantes de los trabajadores y de las empresas, y también de otros sectores sociales relevantes que deben sentirse comprometidos con el proyecto de descarbonización de la economía”.
Pero más allá de las cuestiones sociales, el exdirector general, experto en el sector energético, aboga por medidas de impacto directo en la población. Entre ellas, plantea ofrecer electricidad más barata a los vecinos o empresas de los municipios mediante la bonificación de sus facturas, por la implantación de comunidades energéticas o sistemas de autoconsumo compartido; aumentar los ingresos de los municipios mediante alguna figura impositiva adicional -ligada a la generación anual-, o una aportación voluntaria como en Alemania; la creación de oficinas de apoyo a los municipios para poder gestionar de forma eficiente los ingresos extraordinarios de la implantación de parques renovables e incentivos para aquellos municipios que tengan una importante implantación de renovables, mediante su promoción turística o con subvenciones específicas
En el ámbito burocrático, propone modificar las condiciones de adjudicación para premiar los proyectos con más participación social y la creación de una vía administrativa rápida para la autorización de aquellos proyectos con características de excelencia medioambiental y social. “La manera más efectiva para reducir el conflicto social por la implantación de renovables es creando mecanismos para aumentar los beneficios que reciben las localidades que los acogen”, concluye.